Las instrucciones impartidas por el presidente Luis Abinader para auditar los ministerios y direcciones generales del Estado, tienen la doble motivación de verificar el manejo de los recursos presupuestados para esas entidades, analizar sus prioridades en el ámbito de su incumbencia, pero también subyace en el gobierno la intención de curarse en salud, para evitar sorpresas en el próximo torneo electoral.
Lo acepte la Junta Central Electoral o no, los partidos políticos y sus precandidatos ya están en precampaña con miras a recomponerse y comenzar a posicionarse en el electorado para el 2024, que a nuestro modo de ver irá alineándose paulatinamente en dos posibles polos, los que se unificarán para desplazar al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y los que, en cambio, buscarán la permanencia en el poder de esa entidad.
El discurso electoral del PRM priorizará el manejo transparente y honesto al frente de la cosa pública, buscando establecer una marcada diferencia con el gobierno anterior, algunos, de cuyos funcionarios están siendo judicializados por corrupción, lavado de activos, entre otras supuestas ilegalidades.
Si antes de las elecciones en algún ministerio o dirección general del gobierno se destapa un caso importante de corrupción, el discurso electoral del PRM se verá en serios apuros, porque en medio de una reforma fiscal que se aplicará «sí o sí”, el deterioro en la seguridad ciudadana, aumento de precios, el desmonte de subsidios y la disminución de programas sociales a causa de la crisis económica, el tópico de bienestar económico, no favorecerá al PRM.
Las auditorías gubernamentales ordenadas pretenden detectar con tiempo suficiente anormalidades o manejos inadecuados para resolverlos y desactivar críticas, ese detalle explica porque las auditorías serán realizadas conjuntamente por la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas, pues el presidente Abinader, como seguro candidato a la repostulacion, ya está colocando las piezas de su estrategia listas para la despegar.
