Proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional: Modernización con justicia y respeto a quienes arriesgan su vida.
Reformar la Ley Orgánica de la Policía Nacional no es un simple ajuste administrativo. Es revisar el corazón mismo de una institución que protege a todos los ciudadanos, mientras sus miembros enfrentan riesgos permanentes, sacrificios familiares y limitaciones salariales. La analista Josefina Reynoso lo ha señalado con claridad: “No se trata solo de estructuras reglamentos, sino de la vida de quienes han dedicado años al servicio público.”
Cada agente policial asume diariamente la posibilidad de enfrentar delincuentes armados, sufrir heridas permanentes o daños psicológicos que acompañan a la exposición constante al peligro. Algunos incluso enfrentan procesos judiciales por errores en el ejercicio de sus funciones, mientras que la necesidad de traslados lejanos a sus lugares de residencia puede quebrar la vida familiar, generando divorcios y hogares fragmentados o disfuncionales. La realidad de la carrera policial es dura y exige que cualquier reforma considere su dimensión humana, más allá de la eficiencia administrativa.
Un régimen legal especial y un camino de riesgos:
La Policía Nacional no es un empleo ordinario. Su carrera y régimen de retiro están regulados por la Ley 590‑16 y excluidos de la Ley 41‑08 de Función Pública, reconociendo que se trata de una profesión excepcional que encara riesgo permanente, disciplina jerárquica y jornadas exigentes y constantemente peligrosas.
En el actual contexto, es importante señalar, que el recurso de inconstitucionalidad presentado ante el Tribunal Constitucional: TC‑01‑2025‑0006, destaca cómo la Ley 590‑16 debe interpretarse a la luz de la Ley 96‑04, la norma que históricamente garantizó prestaciones, pensiones e indemnizaciones a los miembros de la Policía, los cuales fueron mutilados con la aplicación de la Ley 590-16. La Ley 96‑04 sirve como guía para asegurar que los derechos y años de servicio acumulados sean reconocidos, respetando la seguridad jurídica y la confianza legítima de quienes arriesgan su vida por la seguridad de todos.
Derechos adquiridos y pensiones dignas:
Los salarios de los policías dominicanos son bajos en comparación con el nivel de riesgo y responsabilidad de su labor. Por eso, un esquema de capitalización individual basado en sus aportes podría generar pensiones insuficientes, incapaces de cubrir las necesidades de quienes enfrentaron peligros extremos, heridas, estrés y sacrificios familiares.
El Tribunal Constitucional Dominicano ha subrayado que la Ley 96‑04 funciona como criterio de interpretación y transición legal, asegurando que los beneficios históricamente reconocidos —como pensiones, indemnizaciones por retiro y prestaciones especiales— sean respetados al aplicar la Ley 590‑16. Esto refleja un principio central de justicia: «quienes sirvieron bajo condiciones especiales no pueden recibir menos de lo que la ley les garantizaba»; lo cuales se ven amenazados con el sistema de pensiones que propone el nuevo proyecto de ley de la Policía Nacional.
Modernización con equilibrio y respeto:
Modernizar la Policía Nacional es indispensable para garantizar profesionalización, eficiencia y mejor servicio a la ciudadanía. Pero la modernización no puede sacrificar los derechos de quienes arriesgan su vida y salud, ni ignorar la exposición constante al peligro y los sacrificios familiares.
El debate sobre el sistema de pensiones no es abstracto: Es la diferencia entre asegurar un retiro digno o dejar a quienes enfrentaron la delincuencia y el riesgo con pensiones pírricas. En tal sentido, «la autonomía administrativa de la Policía y su régimen legal especial deben equilibrarse con la protección de derechos y la seguridad jurídica de sus miembros.»
La Policía Nacional necesita reformas, pero no a cualquier costo. La Ley 590‑16, la Ley 96‑04 como parámetro de transición, el artículo 110 de la Constitución y la jurisprudencia sobre autonomía institucional convergen en un principio fundamental: Modernizar la Policía es compatible con respetar los derechos de quienes dedican su vida a protegernos.
Modernizar no significa desproteger. Reconocer el sacrificio, los riesgos y la dedicación de los policías, garantizando pensiones y beneficios justos, es la clave para una Policía Nacional profesional, confiable y que actúe con justicia dentro del Estado de derecho.
Por Lic. Francisco Ventura de León
