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Si algo hay que tener claro es el hecho factico de que Hamás no es el pueblo palestino. Hamás tomó el control de facto de la Franja de Gaza en 2007, después de enfrentamientos con Fatah, mientras la Autoridad Palestina mantuvo su administración limitada en partes de Cisjordania. Desde entonces existe una profunda división política palestina.
Por tanto, cuestionar las acciones de Hamás no significa cuestionar los derechos nacionales del pueblo palestino. Del mismo modo, defender los derechos de los palestinos no debería significar justificar los asesinatos de civiles israelíes ni la toma de rehenes.
En el otro extremo, defender la existencia y la seguridad del Estado de Israel tampoco obliga a justificar todas las decisiones adoptadas por un gobierno israelí determinado.
Esta diferenciación es fundamental. Porque una cosa es defender el derecho de Israel a existir y proteger a su población, y otra muy distinta es convertir cada decisión de su gobierno en una acción necesariamente legítima.
Tampoco puede comprenderse el conflicto actual sin observar el papel de Irán y de las organizaciones armadas que forman parte de su denominada red de aliados regionales.
Hezbolá tiene una enorme influencia política y militar en Líbano; los Hutíes controlan amplias zonas de Yemen y han adquirido una dimensión regional mediante sus ataques contra Israel y contra la navegación en el mar Rojo; y Hamás mantiene vínculos históricos y estratégicos con Irán desde Gaza.
El gobierno revolucionario islamita de Teherán ha respaldado política, financiera y militarmente a distintos actores armados de la región, aunque cada organización mantiene su propia estructura, agenda y grado de autonomía.
Presentarlos simplemente como tres grupos que obedecen mecánicamente a Irán sería una simplificación. Pero tampoco puede ignorarse que su existencia forma parte de una arquitectura regional de poder que ha convertido el conflicto palestino-israelí en una pieza de una confrontación mucho más amplia entre Irán, Israel, Estados Unidos y distintos actores árabes y regionales.
Oriente Medio, por tanto, no está viviendo únicamente una guerra entre Israel y Hamás. Estamos ante un conflicto con múltiples capas y con capacidad para involucrar a buena parte del sistema internacional.
La reacción de numerosos representantes diplomáticos durante el discurso del presidente de Israel en la Asamblea General volvió a demostrar hasta qué punto la cuestión palestina divide al mundo. El abandono de la sala por parte de delegaciones antes o durante el discurso fue interpretado por algunos como una protesta política contra las acciones israelíes en Gaza y por otros como una expresión de parcialidad contra Israel.
Ahora bien, que determinados países abandonen un hemiciclo no demuestra por sí mismo hipocresía. Una protesta diplomática puede ser una forma legítima de expresar desacuerdo. La pregunta verdaderamente interesante es otra que se puede inferir sobre una inquietud difícil de cuestionar y se basa en un acertijo interesante. ¿Se aplican los mismos principios cuando las víctimas pertenecen a uno u otro bando?
Ese es el punto donde la política internacional suele tropezar. Resulta difícil exigir coherencia a los demás mientras se guarda silencio frente a las acciones cuestionables de los propios aliados.
Y eso vale para todos. Vale para Estados Unidos cuando respalda a Israel. Vale para los países europeos cuando condenan unas violaciones y relativizan otras. Vale para Rusia cuando denuncia determinados abusos mientras el mundo señala sus propias guerras, como la de la invasión a Ucrania. Vale para China cuando invoca la soberanía y la no injerencia según sus intereses. Y vale también para los gobiernos latinoamericanos que adoptan posiciones contundentes frente a Israel mientras mantienen relaciones políticas con gobiernos o movimientos cuyas actuaciones en materia de derechos humanos también son objeto de fuertes cuestionamientos.
La doble moral no tiene nacionalidad. La Biblia condena con dureza la hipocresía. Jesús cuestionó particularmente a quienes aparentaban una virtud que no practicaban. El principio puede trasladarse perfectamente al terreno político, independientemente de la religión de quien lo invoque. Pero tampoco deberíamos utilizar la religión para convertir una controversia política en una batalla entre buenos y malos.
Los judíos no son el gobierno de Israel. Los palestinos no son Hamás. Los musulmanes no son los grupos extremistas revolucionarios que dicen actuar en su nombre. Los israelíes tampoco son responsables individualmente de cada decisión adoptada por su gobierno.
Y quienes cuestionan las acciones de Israel no son necesariamente antisemitas, del mismo modo que quienes defienden el derecho de Israel a existir no son necesariamente enemigos del pueblo palestino.
El problema comienza cuando esas diferencias dejan de hacerse y todo se reduce a etiquetas, porque quizás la verdadera hipocresía de la política internacional no consiste solamente en abandonar un salón de la ONU mientras otro jefe de Estado habla. Está en defender los derechos humanos cuando conviene a nuestros intereses y olvidarlos cuando el responsable de violarlos pertenece a nuestro propio bloque.
Por eso, más que preguntarnos quién tiene el monopolio de la razón, deberíamos preguntarnos qué principios estamos dispuestos a defender cuando hacerlo resulta incómodo.
Israel tiene derecho a existir y su población tiene derecho a vivir con seguridad. El pueblo palestino tiene derecho a la dignidad, a la autodeterminación y a una vida libre de ocupación, violencia y desplazamiento.
Los civiles israelíes no deben ser objetivos militares. Los civiles palestinos tampoco.
Hamás, Hesbola y Huties, son los que deben responder por los crímenes cometidos contra civiles y por la toma de rehenes, lamentablemente auspiciados por un grupo de fanáticos religiosos enclavados en el pueblo persa, es decir, en Iran.
Y cualquier autoridad estatal que viole las normas fundamentales del derecho internacional debe responder por sus actos, independientemente de su poder, de sus alianzas o de la bandera que ondee sobre sus edificios.
Porque si el derecho internacional depende de quién dispara, quién recibe el disparo o quién es nuestro aliado, entonces no estamos defendiendo principios. Estamos defendiendo intereses. Y esa, quizás, sea una de las tragedias más profundas de la política internacional contemporánea.
Por MAR
