En el corto tiempo que lleva el nuevo gobierno encabezado por Luís Abinader la exigencia de aplicar la ley 311-14 del 8 de agosto del 2014, sobre las declaraciones Juradas de Patrimonio de Funcionarios y Servidores Públicos, es quizás la prueba más importante a la cual se someten las autoridades, al exigir a todos los mencionados en la susodicha legislación cumplir con las formalidades allí expuestas.
Lograr que los funcionarios civiles, policiales y militares acudan voluntariamente a la Cámara de Cuentas para depositar en esa instancia las documentaciones que justifiquen las propiedades o recursos económicos obtenidos antes de ocupar los puestos, para los cuales han sido designados, ha sido una labor fallida en todos los gobiernos pasados, a pesar de las amenazas emitidas por los mandatarios de turno.
El discurso de transparencia y diafanidad en el manejo del Estado es uno de los pilares sobre los cuales busca catapultarse la nueva gestión, que caló, especialmente en los votantes independientes y hastiados de la corrupción, el despilfarro y la impunidad rampante de cual se hizo gala en las gestiones anteriores.
La población estará muy atenta a los funcionarios nombrados en determinadas posiciones, tanto para conocer la disponibilidad económica de algunos incumbentes como para observar el comportamiento asumido por el presidente Abinader en torno a aquellos renegados, renuentes y displicentes funcionarios que se consideren por encima de la ley,
Lograr que el 100% de las personas nombradas o electas, obedezcan las formalidades y plazos que ofrece la normativa legal y depositen ante la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos tal como le es requerido por la ley 311-14, será una gran prueba de fuego gubernamental, de cuyo resultado podrá deducirse la confiabilidad de las propuestas electorales de las nuevas autoridades, y si fallan en esa materia, puede decirse desde ahora, que posiblemente tendríamos más de lo mismo.