Al anunciar el plan de fusionar o suprimir ministerios, direcciones departamentales y otras entidades del Estado, el gobierno establece como justificaciones el ahorro económico, transparencia, eficiencia institucional y la búsqueda de una reorganización que mejoren los servicios ofrecidos, y con esos objetivos, en principio la población está de acuerdo.
A partir de lo dicho, el ministerio Administrativo de la Presidencia, pasará a ser un «secretariado Administrativo» de la Presidencia de la República, los ministerios de Planificación y Desarrollo se integrarán con el ministerio de Hacienda y Economía bajo el nombre de ministerio de Economía y Hacienda. El Instituto Agrario Dominicano (IAD), será incorporado al ministerio de Agricultura.
Asimismo, la Administradora de Servicios Sociales (ADESS), será adicionada al programa «Supérate”, la Comisión de Apoyo al Desarrollo Provincial formaría parte del Ministerio de la Vivienda (MIVED), y los comedores económicos estarían bajo la tutela del Plan Presidencial contra la Pobreza. Tanto el Acuario Nacional como la Autoridad de Asuntos Marítimos darían vida a un nuevo Instituto Oceanográfico, al tiempo que la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo de la Artesanía (Fondearte), será agregada al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
Serán eliminados el Consejo de Desarrollo de los dominicanos en el Exterior (CONDEX), el de Población y Familia, las Comisiones Empresariales de Desarrollo Hipotecario y Fideicomiso, la de modernización y seguridad Portuaria, la Caja de Ahorros para Obreros Monte y Piedad, la de reforma y modernización del Sector Agropecuario entre otras. También se plantea la unificación de los ministerios de Educación (MINERD), con el de Ciencia y Tecnología (MESCYT), para «aprovechar mejor el 4%» reducir costos innecesarios y fortalecer la calidad educativa».
Las instituciones necesitan adecuarse a su realidad e implementar cambios en función de sus necesidades históricas, pero esas modificaciones deben producirse dentro de un análisis concienzudo y cauteloso, que no privilegie exclusivamente el ahorro de recursos sin tomar en consideración el interés estratégico del Estado (caso Minerd – Mescyt) y la enorme cantidad de empleados experimentados-algunos con funciones especializadas- que perderán sus trabajos, haciéndole más que mal que bien al Estado.
Por eso, proponemos analizar caso por caso las fusiones propuestas y el marco técnico operativo que le serán anexas para que luego no haya que dar marcha atrás.
