La destrucción de una alegada “narcolancha» por un misil lanzado desde unidades del Comando Sur de Estados Unidos, a 80 millas náuticas de la Isla Beata y que según la información distribuida por los grandes medios, presuntamente transportaba 1000 kilos de cocaína con destino a la República Dominicana, crea peligrosas situaciones legales interna y externamente para el presidente Luis Abinader.
Pasamos a explicar, lo primero es que la Constitución dominicana establece en el artículo 37 que: “El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte» en consecuencia, cualquier autoridad dominicana que haya consentido, colaborado mediante acciones u omisiones de cualquier forma en ese bombardeo mortal, se hace cómplice de asesinato.
La ley suprema del país es clara en cuanto a la obligación de los poderes públicos de respetar y proteger la dignidad y la vida de todas las personas en su territorio, lo cual incluye el derecho de cualquier imputado en una conducta delictuosa a ser juzgado por tribunales competentes, en base a evidencias obtenidas, en estricto cumplimiento de las regulaciones del debido proceso.
Pero el riesgo jurídico principal para el presidente Abinader y los militares dominicanos involucrados, estriba en el hecho de que mientras Estados Unidos no reconoce el Estatuto de Roma y sus militares no serán entregados a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional(CPI), la República Dominicana sí es parte de ese Estatuto ( el Congreso lo aprobó por la resolución #117-05) y por tanto, la CPI tiene plena jurisdicción para conocer cualquier acusación de ejecuciones extrajudiciales y de crímenes de agresión relacionados con el gobierno dominicano.
Si como ha advertido el presidente colombiano Gustavo Petro se confirma que las tres personas fallecidas eran de esa nacionalidad, e inicia un proceso judicial (Colombia se adhirió a la CPI) y si los abogados del Comisionado de Derecho Humanos de la Organización de Naciones Unidas(ONU), continúan adelante con el expediente de violación al derecho a la vida, asesinatos extralegales, uso desproporcionado de fuerza, violación al derecho internacional del mar, entre otras tipificaciones causados por esos bombardeos, entonces la cosa se le complica al presidente Abinader.
Flotan en el aire las interrogantes de que si la supuesta narcolancha era seguida por satélites y drones del Comando Sur durante su trayecto hacia República Dominicana, ¿ Por qué no se desplegó un operativo para apresar a los tripulantes de la pequeña lancha en la costa, recuperar los hipotéticos 1000 kilos, de los cuales solo aparecieron 377 y obtener informaciones de inteligencia para desmantelar la red completa?
¿Qué pasaría si la oposición política gana las elecciones dominicanas y la CPI emite una orden de detención contra las salientes autoridades señaladas como cómplices del bombardeo?
