El pasado año, el gobierno dominicano suspendió el programa especial destinado a ofrecer visas de estudios a miles de jóvenes provenientes de Haití, debido a transgresiones al programa y a la Ley 285-04, con denuncias de fraudes en los documentos y sospechas sobre los propósitos reales de quienes obtenían ese tipo de visado.
No es secreto que una gran parte de las diversas categorías de visas dominicanas otorgadas en Haití, no reúnen las condiciones para ser ofrecidas, pero gracias al soborno y al nulo seguimiento del uso dado a esas visas por los cónsules acreditados allí, esa área del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) anda manga por hombro.
Antes de la suspensión del programa, algunos estudiantes habían entregado sus pasaportes a la Dirección General de Migración (DGM) con la finalidad de obtener una renovación de sus visados, pero frente la nueva situación creada con la suspensión, esas personas se mantienen en un limbo migratorio.
Para los extranjeros en cualquier país, el pasaporte es el documento de mayor credibilidad para recibir o enviar dinero, solicitar beneficios migratorios, estudiar, trabajar, o para comprobar la autenticidad de los datos generales ofrecidos por los portadores, entonces es entendible la protesta llevada a cabo por los estudiantes haitianos afectados, en reclamo de la devolución de sus pasaportes.
Aunque recientes señales indican que las potencias neocoloniales fusionistas extranjeras intensifican el chantaje al gobierno para reinstaurar el caótico programa de visado estudiantil, creemos que una vez auditadas su condición de verdaderos estudiantes los pasaportes deben ser devueltos a sus propietarios, pues carece de sentido mantener esos documentos retenidos si hasta el momento no se les puede renovar las visas.
