El hecho de que la primera potencia militar del mundo haya superado con creces la cifra de 50 mil personas muertas y se acerque velozmente al millón de casos confirmados de coronavirus, y que al mismo tiempo tenga programada sus elecciones presidenciales para el mes de noviembre, sin dudas tendrá impacto en la media isla que ocupamos.
Será así porque durante en escenario electoral, prolongar durante mucho tiempo la inactividad económica y social de un país sea Los Estados Unidos o la República Dominicana, origina inevitablemente costo político por el enorme descontento y malestar en amplios actores productivos formales y en mayor grado en los sectores dedicados a negocios informales.
Tanto Donald Trump como Danilo Medina están en la disyuntiva de prolongar más tiempo el cierre económico, debido al avance del coronavirus o tratar de preservar apoyo popular, buscando una combinación de extensión, mientras ofrecen alternativas de aperturas focalizadas, masivas operaciones de pruebas antivirales, ayudas económicas y médicas para los vulnerables.
En el caso dominicano esta opción implica continuar adquiriendo bienes y servicios bajo el amparo del decreto de declaración de emergencia nacional, compras ampliamente cuestionadas por personas y agrupaciones que alegan escasa transparencia y poca diafanidad en el manejo de las mismas.
Así pues, una vez se estabilicen los casos de coronavirus, aquí comenzará una revisión minuciosa de cada compra realizada por el Estado dominicano, y con unas elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, lo mejor que pueden hacer los actuales funcionarios es mantener bien claras las cuentas de compras estatales de principio a fin, para que con un cambio de gobierno, no aleguen luego persecución política… Estamos claros?.
