La Dirección General de Pasaportes (DGP) viene saltando de escándalo en escándalo por la mala calidad del servicio, las sospechosas citas VIP y faltas de libretas, que se quiso subsanar mediante el decreto 282-23, que declaró de seguridad nacional lo referente al diseño, suministro de libretas y los aspectos tecnológicos para su emisión.
A partir de las tumultuosas aglomeraciones de personas buscando inútilmente obtener el escaso documento, la DGP entonces escogió a las empresas Transneg SRL y Midas dominicana, dos de once empresas participantes en una licitación para encargarle la elaboración de miles de libretas de lectura mecánica.
Ese proceso, que debió ser cristalino ha sido denunciado por parte de las empresas ofertante que fueron descalificadas como una contratación fraudulenta, carente de la transparencia de que se jacta el gobierno, e incluso se menciona que los dueños reales de una de la empresas ganadoras son empresarios de nacionalidad haitianos, en cuyas manos se coloca ese vital documento de identidad.
El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) , sometió un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), para anular la resolución 04-2023 emitida por la Dirección General de Alianzas Públicas -Privadas referente a las escogencias de las empresas y al contenido lesivo al interés nacional del acuerdo con esas entidades.
El barullo en la DGP se complica al ser la empresa Midas Dominicana la entidad corresponsable en la carencia de libretas, que ahora se beneficiará del 90% de los ingresos generados por la emisión de pasaporte, el Estado obtendría el 10% pero los fondos obtenidos para el fideicomiso provendrían del Estado a través del Banco de Reservas.
Lo llamativo del caso es que pese a la gravedad del enredo, manos muy poderosas mantienen el debate fuera de los grandes medios ,en un hermetismo total, y algo huele mal, muy mal.
