Nos ha llamado la atención lo que algunos han querido presentar como un supuesto “asedio” de las autoridades dominicanas contra los negocios de origen chino. Se trata, en realidad, de una serie de acciones de fiscalización dirigidas a establecimientos que han ganado una importante presencia en el mercado nacional, particularmente en la comercialización de productos importados.
Conviene comenzar haciendo una distinción que muchas veces se pierde en el debate que consiste en la aclaración de que una cosa es un producto “hecho en China”, y otra muy diferente es un producto “hecho por China”.
No todo lo que lleva el conocido sello Made in China es necesariamente un producto concebido, diseñado o desarrollado por empresas chinas. Buena parte de la producción mundial se trasladó durante las últimas décadas hacia territorio chino, como consecuencia de la apertura económica iniciada bajo el liderazgo de Deng Xiaoping a partir de 1978. Aquella transformación convirtió a China en una de las grandes plataformas manufactureras del mundo y, con el tiempo, en lo que muchos denominaron “la fábrica del mundo”.
Pero volvamos a nuestra realidad. La presencia de establecimientos comerciales de origen chino en República Dominicana ha crecido considerablemente y forma parte ya del paisaje comercial del país. Por eso, cuando las autoridades fiscalizan estos negocios, no debería interpretarse automáticamente como una acción dirigida contra una nacionalidad determinada.
La Dirección General de Aduanas ha explicado que sus actuaciones responden a labores de control posterior, valoración de mercancías, verificación de declaraciones, clasificación arancelaria y cumplimiento de las obligaciones tributarias. En distintas operaciones se han detectado subvaluaciones e inconsistencias en las importaciones. La propia DGA informó que durante 2025 realizó 49 auditorías al sector importador asiático, con diferencias de impuestos calculadas en RD$1,592 millones al 23 de diciembre.
Entonces, la discusión no debería plantearse como una confrontación entre dominicanos y chinos. Debe plantearse entre quienes cumplen las reglas y quienes no las cumplen. Y aquí aparece otro elemento que tampoco debemos ignorar. China es hoy una potencia industrial y comercial de primer orden. Sería absurdo desconocer sus avances tecnológicos, su capacidad manufacturera, su infraestructura y la dimensión alcanzada por sus empresas. Pero también es cierto que existen cuestionamientos internacionales persistentes sobre determinadas prácticas comerciales y sobre la protección de la propiedad intelectual.
El informe Special 301 de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos mantiene a China en su Priority Watch List y señala preocupaciones relacionadas con falsificación, piratería, secretos comerciales, transferencia de tecnología, marcas y otros aspectos de la protección de la propiedad intelectual.
Esto no significa que todos los productos chinos sean falsificados, ni que todos los comerciantes chinos operen irregularmente. Sería una generalización injustificada. Significa, simplemente, que existen problemas documentados que forman parte del debate internacional sobre el comercio con China. Y República Dominicana tampoco puede permanecer al margen de ese debate.
Nuestro país tiene todo el derecho, y también la obligación, de exigir que cualquier empresa, comerciante o inversionista extranjero que opere en territorio dominicano cumpla las mismas reglas que se les exigen a los empresarios nacionales, las cuales consisten en pagar los impuestos correspondientes, declarar correctamente sus mercancías, respetar las normas aduaneras, sanitarias y laborales, cumplir las disposiciones sobre propiedad intelectual y competir bajo condiciones de igualdad. Eso no es discriminación. Es institucionalidad.
También sería injusto atribuir exclusivamente a los comerciantes chinos la proliferación de mercancías de bajo precio en nuestro mercado. Durante décadas, consumidores y comerciantes dominicanos han privilegiado, en numerosos segmentos, el precio sobre la calidad. Y mientras exista esa demanda, habrá empresarios, chinos, dominicanos, estadounidenses, europeos o de cualquier otra nacionalidad, dispuestos a satisfacerla.
Además, buena parte de las grandes cadenas internacionales que operan en República Dominicana demuestra que es perfectamente posible desarrollar negocios exitosos respetando las normas locales, generando empleos, pagando impuestos y compitiendo dentro de las reglas establecidas. Por eso, el debate debe ser mucho más sencillo de lo que algunos pretenden hacerlo. No se trata de estar contra China. Tampoco de estar contra los comerciantes chinos. Mucho menos de asumir que todo producto proveniente de ese país es de mala calidad o que todo empresario chino actúa al margen de la ley.
Se trata de algo elemental, quien venga a República Dominicana a hacer negocios debe respetar las reglas dominicanas. Y esa exigencia debe aplicarse a todos por igual. Porque también nosotros tenemos mucho que corregir. Tenemos informalidad, evasión fiscal, contrabando, incumplimiento de normas laborales y otras prácticas que han formado parte de nuestras propias debilidades estructurales. Pero precisamente por eso debemos exigir que quien venga de fuera no las reproduzca ni las aproveche para competir deslealmente con quienes sí cumplen.
De ahí que cobre vigencia aquel viejo refrán que reza, “Al país que fueres, haz lo que vieres”. Aunque, en nuestro caso, habría que agregarle una condición, siempre que lo que veas sea digno de respetar, mejorar y contribuir al desarrollo del país. Ese debería ser el principio.
Bienvenidos sean los capitales extranjeros, las nuevas inversiones, la tecnología, el comercio y la competencia. Pero con una condición que no debería ser negociable y esta es que las mismas reglas deben ser para todos. Porque la apertura de nuestra economía no puede significar la apertura de la puerta a la competencia desleal y a la práctica indigna de salarios paupérrimos y contratación a indocumentados.
Por MAR
