En República Dominicana auditar se ha convertido en un acto litúrgico. Se anuncia con solemnidad, se ejecuta con lentitud, se presenta con bombos y al final no pasa nada. Las auditorías de la Cámara de Cuentas son hoy el mejor retrato de un Estado que simula controlar, pero que en realidad administra la impunidad.
Cada año, la Cámara publica decenas de auditorías que describen con frialdad técnica lo que todos ya sospechamos: sobrevaluaciones groseras, obras pagadas y no ejecutadas, nóminas abultadas, compras fraccionadas para evadir licitaciones, combustibles que se evaporan, dietas que se multiplican.
El lenguaje es aséptico. Dice inobservancia de la Ley 340-06 donde debería decir robo. Dice debilidad en los controles internos donde debería decir caja chica para el clientelismo. Dice desvío de fondos donde debería decir enriquecimiento ilícito.
Pero el problema no es el eufemismo. Es lo que viene después: nada. Un alcalde auditado con 200 millones sin justificar termina reelecto. Un director de hospital con faltantes millonarios termina ascendido. Un ministerio que no puede explicar 2.000 millones en gastos varios termina con más presupuesto al año siguiente.
La cadena rota a propósito
La arquitectura legal está diseñada para que la consecuencia nunca llegue. Y está diseñada a propósito. La Cámara de Cuentas audita, pero no sanciona. Solo remite hallazgos. El Ministerio Público recibe esos hallazgos, pero los engaveta porque carecen de fuerza probatoria suficiente. La Contraloría observa, pero no detiene. El Congreso interpela, pero no destituye. Y la sociedad se indigna durante 48 horas, hasta el próximo escándalo.
Hemos creado un sistema donde todos controlan para que nadie sea responsable. Es la burocracia del encubrimiento. Y cuando alguna auditoría toca a alguien que sí importa, aparece la otra cara: la Cámara como arma política. Informes filtrados a destiempo, auditorías aceleradas contra adversarios y ralentizadas contra aliados.
El costo real no es el dinero
Se calcula que la corrupción le cuesta al país entre un 3 y un 5 por ciento del PIB cada año. Pero el costo de las auditorías sin consecuencias es más profundo. Es la destrucción del principio de disuasión. Si un funcionario sabe que su expediente terminará en una nota de prensa y no en un tribunal, no tiene incentivo para no robar.
Es también la destrucción de la ciudadanía. Cada informe sin consecuencia enseña que la ley es para los que no tienen padrinos. Esa lección, repetida durante veinte años, produce algo peor que corruptos: produce indiferentes.
Qué hacer para que duela
Si queremos que auditar sirva para algo, hay que romper el ritual con tres cambios innegociables.
Primero, auditorías vinculantes y en tiempo real. La Cámara debe auditar en línea, con acceso directo al SIGEF (Sistema de Información de la Gestión Financiera) y capacidad de bloquear desembolsos cuando detecte fraude. El control posterior es complicidad diferida.
Segundo, consecuencia automática. Todo informe con indicios penales debe generar por ley una acusación en 90 días, o una explicación pública y bajo juramento del procurador de por qué no acusa. No más engavete silencioso.
Tercero, muerte civil para el infractor. Mientras la sanción sea solo penal y la justicia penal esté colapsada, nada pasará. Se necesita inhabilitación automática por 10 años para ejercer función pública, contratar con el Estado o recibir exoneraciones a todo funcionario con hallazgos graves no desvanecidos.
República Dominicana no necesita más auditores. Necesita consecuencias. Un país que audita todo y no castiga nada no lucha contra la corrupción. Solo la documenta para la historia mientras la deja seguir ocurriendo en el presente.
