Que la Junta Central Electoral de la República Dominicana, el órgano constitucional que custodia nuestra identidad y nuestra democracia, aparezca en un aviso de embargo pegado en la puerta de una oficina en Broadway, como si fuera una bodega que no pagó la renta, no es solo una vergüenza. Es un crimen institucional.
Y alguien tiene que pagar por él.
No hay confusión posible. Según la sentencia del Distrito Sur de Nueva York, caso 1:25-cv-02830-PKC, dictada en rebeldía el 26 de noviembre de 2025 por el juez Kevin Castel, y ejecutada por el City Marshall Martin A. Bienstock mediante Aviso M 373516 notificado el 6 de septiembre:
La JCE firmó el 30 de octubre de 2023 un contrato por UN MILLÓN DE DÓLARES con la empresa Latin Events.
¿Para qué? No para comprar tinta indeleble. No para depurar el padrón. Para pagar 15,000 boletas y 20,000 almuerzos y una campaña de «registro de votantes» en medio de la serie de Águilas y Licey en el Citi Field de Nueva York, en noviembre de 2023.
La empresa dice que solo recibió 230,000 dólares. Quedó un balance de 770,000. Con intereses, mora y gastos, la Corte condenó a la JCE a pagar 838,337.50 dólares. Hoy, con recargos diarios, la deuda va por 982,261.88 dólares según el abogado Julio Cury.
La JCE no compareció en Nueva York. No contestó la demanda. La dejaron en rebeldía. El 29 de octubre de 2025 le emitieron el certificado de default y en marzo de 2026 salió la condena. Cuando la prensa les preguntó, respondieron con un mensaje de texto: «El caso está en manos de tribunales dominicanos».
Y mientras tanto, la homologación en República Dominicana, Auto 036-2026-SAUT-00294 del 29 de junio de 2026, ya está hecha. Y Latin Events ya pidió a Banreservas retenerle 108.7 millones de pesos a la JCE.
Ahora, el 1 de octubre de 2026 a las 9:00 de la mañana, si no pagan 72 horas antes, se subastan en Manhattan computadoras, impresoras, sillas, televisores y hasta obras de arte de la oficina de la JCE en el 1501 Broadway, suite 410.
Esa es la realidad. No es una narrativa de la oposición. Es una sentencia federal.
¿Quién Firmo?
Aquí es donde empieza la podredumbre.
La JCE es un órgano colegiado. Su Pleno lo presidía y lo preside Román Jáquez Liranzo. Pero el Pleno no puede alegar ignorancia eterna. Según la propia defensa de la JCE en el país, «no existe evidencia de que el pleno o el presidente hayan aprobado o autorizado los servicios».
Entonces, ¿quién firmó un contrato de un millón de dólares en nombre de la República Dominicana sin aprobación del Pleno?
Queremos nombres y cargos:
-El Director Administrativo y Financiero de 2023. ¿Quién autorizó el desembolso de los primeros 230,000 dólares? ¿Con qué partida presupuestaria? ¿Con qué certificación de Contraloría?
-El Consultor Jurídico de la JCE. ¿Quién visó un contrato bajo ley de Nueva York, sometiendo a la JCE a jurisdicción extranjera, sin una cláusula de arbitraje en RD? Eso es imperdonable.
-El Director del Voto en el Exterior. ¿Quién certificó que se necesitaban 15,000 boletas y 20,000 almuerzos para registrar votantes? ¿Qué tiene que ver el béisbol con el padrón electoral? ¿Dónde está el informe de resultados de esa supuesta campaña? ¿Cuántos dominicanos se empadronaron por cada dólar gastado?
-El Presidente y los miembros del Pleno. Si no lo aprobaron, tienen el deber de denunciar penalmente al que usurpó sus funciones. Si lo aprobaron y ahora lo niegan, son cómplices del dispendio.
Mas allá del millón
No son 982 mil dólares. Es la soberanía institucional.
Una entidad del Estado dominicano que no comparece ante una Corte Federal de EE.UU. está declarando al mundo que es un deudor contumaz. Que se puede embargar la oficina donde se le saca la cédula a los dominicanos en Nueva York, donde va la señora de Queens a declarar a su hijo.
¿Qué imagen le damos a la diáspora? La que más remesas manda, la que más vota, viendo cómo embargan la casa que debe garantizarle su derecho al voto porque alguien quiso jugar a promotor de eventos de pelota.
Y el daño interno es peor. Si Latin Events logra retener los fondos en Banreservas, ¿con qué dinero se va a montar la logística de 2028? ¿Le vamos a decir al pueblo que no hay dinero para la cédula porque nos embargaron por boletas de Águilas y Licey?
Lo que exigimos hoy
-No queremos un comunicado de prensa del PLD pidiendo «conciliación». No queremos otra comisión. Queremos responsables.
-La Cámara de Cuentas y la Contraloría General deben intervenir hoy la JCE, no en tres meses. Rastrear el contrato, los correos, los pagos, quién se reunió con Latin Events en Citi Field.
-Si alguien firmó sin poder, eso es usurpación de funciones, abuso de confianza y violación a la Ley 340-06 de Compras. El Ministerio Público debe abrir investigación de oficio.
-Que no se pague este millón con el presupuesto de la JCE como si fuera un error administrativo. Que lo pague de su patrimonio quien autorizó el contrato. Y que se vaya del cargo.
-Que la JCE publique íntegro el contrato del 30 de octubre de 2023, la autorización del Pleno, el informe de ejecución y la sentencia completa de Nueva York. Si no tienen nada que ocultar, que lo publiquen hoy.
La JCE no es una empresa privada que quiebra y cierra. Es la guardiana de nuestra democracia. Y hoy está siendo subastada como una tienda de segunda mano en Manhattan.
No vamos a permitir que el expediente M 373516 se convierta en otro caso que se olvida. Queremos saber quién convirtió la cédula dominicana en boletas de béisbol.
Y queremos que pague.
