La situación que hoy atraviesa la hermana República de Venezuela guarda inquietantes similitudes con episodios de nuestra historia contemporánea dominicana. No se trata de una simple coincidencia temporal, sino de un patrón político que se repite en América Latina desde mediados del siglo XX, alimentado por el caldo de cultivo ideológico que ha implementado la Revolución Cubana desde sus inicios, y por la persistencia de proyectos de poder que, lejos de fortalecer la gobernanza democrática, optaron por instaurar regímenes autoritarios, tanto de izquierda como de derecha, igualmente excluyentes y represivos.
En el fondo, no estamos ante un debate ideológico puro. Más bien, se trata de la utilización instrumental de ideologías para alcanzar el poder. Movimientos que, en nombre del pueblo y bajo la promesa de redención social, logran capitalizar el descontento popular mediante discursos seductores, auténticos cantos de sirena, para, una vez instalados en el poder, anular la disidencia, restringir las libertades y concentrar el control del Estado en un reducido grupo dirigente.
Ahí radica la diferencia esencial entre la democracia liberal, imperfecta, pero basada en el pluralismo, el Estado de derecho y la alternancia, y los regímenes que imponen por la fuerza un modelo de gobernanza autoritario, disfrazado de socialismo o de orden revolucionario. Estos sistemas no buscan el desarrollo integral del individuo ni el respeto a los derechos fundamentales, sino la subordinación de la mayoría a una élite política. En ese sentido, se asemejan más a una regresión histórica, una suerte de neofeudalismo moderno, donde el poder se ejerce de manera arbitraria desde el centro del Estado, sostenido por la coerción, las armas y el control institucional.
No es casual que Venezuela haya sido, desde 1959, uno de los principales objetivos estratégicos de la izquierda revolucionaria continental. Desde la Revolución Cubana, su riqueza, su ubicación geopolítica y su peso simbólico la convirtieron en pieza clave para influir en toda América Hispana. A pesar de que no influyeron de forma definitiva, estuvieron cerca de lograrlo.
Concomitantemente con esa situación, el paralelismo entre Venezuela y la República Dominicana resulta particularmente ilustrativo. Tras la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1958, Venezuela logró encauzar una transición democrática relativamente estable. A partir de 1959 se instauró un sistema democrático que, con luces y sombras, se mantuvo vigente durante cuatro décadas, hasta la llegada del chavismo al poder en 1999.
Un elemento clave de esa estabilidad fue el Pacto de Puntofijo, un acuerdo político que garantizó reglas claras de alternancia, institucionalidad y convivencia democrática entre las principales fuerzas políticas. Este pacto permitió que las diferencias ideológicas se procesaran dentro del sistema, evitando rupturas violentas y golpes de Estado.
En la República Dominicana, en cambio, la caída del régimen de Rafael Leónidas Trujillo en 1961 no dio paso a una transición ordenada. El período post-trujillista fue todo menos lineal ya que estuvo marcado por una apertura democrática frustrada, la victoria electoral de Juan Bosch en 1962, su derrocamiento mediante el golpe de Estado de 1963, la instauración del Triunvirato y, finalmente, la profunda crisis institucional que desembocó en la guerra de abril de 1965.
Aquella insurrección cívico-militar, cuyo objetivo fue restaurar la Constitución de 1963 y el gobierno legítimo de Juan Bosch, enfrentó a los sectores constitucionalistas con fuerzas conservadoras aferradas al poder de facto. La escalada del conflicto condujo a la intervención militar de los Estados Unidos, bajo el argumento de contener la expansión del comunismo en el Caribe, condicionando de manera decisiva el curso de la historia política dominicana. En ese escenario marcado por la polarización ideológica de la Guerra Fría y por la creciente proyección continental del castrismo, emergió la figura de Joaquín Balaguer, quien resultó electo presidente en 1966 y era respetado por los conservadores del país y las fuerzas armadas. Su gobierno se desenvolvió en un contexto regional altamente condicionado por el temor a la radicalización política y por la necesidad de preservar la estabilidad del Estado, dando lugar a una transición gradual, compleja y con limitaciones, pero que permitió restablecer el orden institucional, garantizar la continuidad republicana y sentar, con el paso del tiempo, las bases del sistema democrático que hoy rige la vida política nacional.
La Venezuela actual no se asemeja a la de 1959. En aquel entonces, la salida de Pérez Jiménez fue precipitada por una combinación de factores claros, como protestas masivas, huelgas generales, fracturas profundas en las Fuerzas Armadas, la huida del dictador al exilio y la instauración de una junta de gobierno que convocó elecciones libres.
Hoy, el escenario venezolano se acerca más al que vivió la República Dominicana en la década de los sesenta. Las Fuerzas Armadas continúan siendo un actor central del poder político, estrechamente vinculadas al régimen chavista, que durante más de dos décadas ha construido un entramado de control institucional, militar y social. A ello se suma la existencia de grupos armados irregulares, promovidos y tolerados por el propio Estado, que complican cualquier intento de transición abrupta y elevan el riesgo de una descomposición social de gran escala. En RD, esos minúsculos grupos armados provenían de la izquierda revolucionaria, y contrario a lo que sucede en Venezuela, no tenían el apoyo de los sectores del poder político.
Es precisamente en este punto donde descansa la retórica del gobierno de los Estados Unidos y de otros actores internacionales, y que se instala en la necesidad de propiciar una transición gradual, que evite una crisis sobre la crisis. La experiencia dominicana demostró que el colapso abrupto de un régimen sin estructuras de contención puede derivar en conflictos armados, más intervención extranjera, y largos períodos de inestabilidad. Aun así, tomo mas de 10 años instaurar un esquema de gobernanza solido y resiliente, adaptado a las normas constitucionales sobre el tema de la alternancia del poder como método democrático pragmático y desarrollista. El reformismo fue la base.
La eventual caída de una dictadura de izquierda, como la chavista, no puede improvisarse. Debe estar acompañada de un proceso serio de reorganización política que incluya la legalización plena de los partidos, la liberación de los presos políticos, la restitución de las libertades públicas y la convocatoria a elecciones auténticamente libres. Sin estos pasos, la estabilidad de Venezuela seguirá siendo una promesa lejana. Las reformas deben implementarse con rapidez olímpica, pero con prudencia exagerada.
La historia demuestra que los paralelismos no son simples coincidencias, son advertencias. Ignorarlos suele tener un alto costo.
Por MAR
