La entrada en vigor de la primera parte del aumento salarial del 19% aprobado el mes pasado por el Comité Nacional de Salario (CNS), mediante resolución CNS-01-2023 y aupado por las autoridades como un gran logro del gobierno, los llamados representantes sindicales y la patronal, es en verdad irrelevante para los trabajadores.
Incrementar ahora un 15% y esperar hasta febrero del 2024 para completar el exiguo 19% al salario nominal para los no sectorizados, posee nulo impacto en las condiciones existenciales de asalariados como los vigilantes privados o los jornaleros del campo, porque en la actualidad el costo de la canasta familiar supera el 35%.
Ese irrisorio aumento tampoco considera el alto nivel de inflación existente en el país, que reduce significativamente el salario real pues los trabajadores adquieren menos bienes y servicios por la misma cantidad de dinero, arrojándolos sin piedad en los brazos de la pobreza extrema.
Además, son bien conocidas las triquiñuelas de los dueños de empresas, que traspasan los gastos del aumento salarial al precio de las mercancías o de los servicios, desvinculando y luego recontratando a algunos trabajadores, esquilmando las prestaciones laborales y derechos adquiridos, o reduciendo las plantillas de asalariados y jornaleros para sobreexplotar a los restantes.
Ese «incremento» pudo ser posible por la aquiescencia de «líderes» de agrupaciones de amigos llamadas «sindicatos» que en realidad son entelequias burocratizadas que ya no representan los intereses de los obreros, ni de los campesinos, sino a las élites de esas minúsculas entidades sin capacidad de convocatoria para imponer en las calles un salario justo, que responda a las condiciones económicas nacionales.
