Santo Domingo, RD, 13 de noviembre, 2021.- La jueza de la instrucción Keila Pérez Santana ratificó la prisión preventiva al mayor general Adán Cáceres Silvestre y a Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), así como al cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa, y al coronel policial Rafael Núñez de Aza.
En el caso del sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, no se le revisó la medida en virtud de que está pendiente el conocimiento de un recurso de apelación en la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito, el próximo 15 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana.
En tanto que a Raúl Alejandro Girón Jiménez le fue confirmado el arresto domiciliario por razones de seguridad, por cooperar con la investigación del Ministerio Público. Previamente, su defensa expresó que no apelaría la medida de coerción.
Los imputados con prisión preventiva por 18 meses desde mayo pasado la cumplen en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal, mientras el Ministerio Público continúa avanzando con la investigación del caso, que fue declarado de tramitación compleja.
El grupo está involucrado en delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca, dirigidas por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, llevan a cabo las investigaciones con un amplio equipo de fiscales.
El entramado criminal desmantelado con el Caso Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), principalmente, con el abultamiento de la nómina.
El Ministerio Público estableció en el transcurso del proceso judicial que Núñez de Aza también fungió como director financiero del Conani, a pesar de que no aparecía en los registros públicos.
Además, determinó que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país, valorados en millones de pesos.
Desde que le fue impuesta la prisión preventiva, el grupo ha intentado obtener la libertad en diferentes instancias, sin que hayan podido lograr su objetivo, ya que tanto en las revisiones obligatorias en los juzgados de la instrucción como en la Corte de Apelación del Distrito Nacional la medida le ha sido ratificada.
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