La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia dominicana acaba de producir un importante fallo en el que establece la necesidad de las empresas de verificar la identidad de cualquier tarjetahabiente titular o adicional al momento de pagar el consumo de bienes y servicios.
En efecto, la sentencia 2270-2021 constituye un traspié para el festín de los infames estafadores y «tarjeteros», en la febril actividad de robar identidades y tarjetas bancarias a diestra y siniestra, afectando ciudadanos que resultan timados por estos inescrupulosos, que cuentan a veces con la complicidad de empleados y dueños de establecimientos para esos ilícitos.
De ahora en adelante, es una obligación de las empresas «comprobar la titularidad del tarjetahabiente mediante el requerimiento de un documento de identidad» lo cual hará más difícil a los malhechores continuar la epidemia nacional de fraudes, robos y clonación de tarjetas, suplantación de identidades y la amplia gama delincuencial que opera a sus anchas.
Al emitir el fallo, la Suprema Corte produce una acción que protege a los dueños y usuarios legales de tarjetas de crédito o débitos ante posibles usos indebidos por parte de terceros no autorizados, creando potenciales daños y perjuicios en poseedores legales sorprendidos en esa maraña delictiva.
La sentencia es muy significativa, pues la pandemia del coronavirus ha obligado a los ciudadanos a realizar transacciones por teléfonos, en los cajeros automáticos o en el internet, haciéndoles más vulnerables, esto sin contar la cotidianidad de los atracos y asaltos en los que los antisociales huyen con las identificaciones y tarjetas bancarias de los afectados, para posteriormente intentar usarlas.
