“Bajo ningún concepto procede en este proceso declarar la extinción penal”, sostiene Mirna Ortiz
Santo Domingo de Guzmán, RD, 07 abril, 2026.-El Ministerio Público solicitó este martes a los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazar la pretensión del general Adán Cáceres Silvestre y compartes de evadir la aplicación de justicia mediante la extinción penal del proceso judicial que pesa en su contra por sustraer fondos en perjuicio de los contribuyentes y de varias dependencias del Estado.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), sostuvo que “bajo ningún concepto procede en este proceso declarar la extinción penal”, como pretende el general Cáceres Silvestre y otros acusados por corrupción administrativa en el expediente que se deriva de las operaciones Coral y Coral 5G.
Ortiz explicó que el Ministerio Público desmontó durante la audiencia en el tribunal, y una vez más, “la teoría que pretende implantar la defensa, no solamente en el tribunal, sino también a través de medios de comunicación y bajo distintas vías”.
“La extinción de la acción penal, y así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional dominicano, incluso en su última decisión de marzo de 2026, no es ni puede ser un cálculo matemático; no es que, llegado los cuatro años, se extingue el proceso; hay una serie de razones y requisitos como la complejidad de los procesos y la conducta de los imputados que influye en la determinación de los plazos”, señaló.
“Evidentemente que, en un caso complejo como este, declarado por un tribunal, y en el cual el 90% de las dilaciones del proceso provinieron por parte de los imputados, no podemos hablar de extinción”, enfatizó.
Dijo que, incluso, el propio tribunal, compuesto por las juezas Giselle Méndez (presidenta), Jissel Naranjo y Tania Yunes, ha reconocido la validez de los argumentos del Ministerio Público cuando el general Cáceres Silvestre y compartes presentaron el mismo argumento sobre extinción penal y los jueces lo rechazaron en dos ocasiones.
“Y de esa misma manera también lo ha reconocido, tanto la Corte de Apelación como la Suprema Corte de Justicia, o sea, que bajo ningún concepto y bajo ningún alegato este proceso puede ser declarado extinto”, precisó.
Durante la audiencia de este martes, Ortiz, quien representó al Ministerio Público junto a los fiscales litigantes Jonathan Pérez Fulcar, Arolin Lemos, Emmanuel Ramírez y Miguel Collado, pidió al tribunal rechazar la nulidad propuesta y reafirmó que la incautación de un local adquirido con fondos sustraídos al Estado jamás se puede considerar una acción inconstitucional contra la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, cuyos feligreses siempre pueden reunirse en cualquier espacio que escojan y sobre el que tengan legítimo derecho.
El tribunal aplazó el juicio para el próximo 14 de abril, a partir de las 9:00 de la mañana.
