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MP solicita a TSA declararse incompetente para conocer proceso sobre demanda de Ángel Lockward

Ministerio Público ha señalado que Ángel Lockward quiere usar a la jurisdicción administrativa para que ésta sustituya a la jurisdicción penal y a juez control de investigación

Santo Domingo, RD, 17 de marzo, 2023.- El Ministerio Público solicitó este viernes al Tribunal Superior Administrativo (TSA) que el órgano acusador sea admitido como interviniente forzoso y que el tribunal declare su incompetencia para conocer el proceso de demanda en nulidad del informe preparado por auditores de la Contraloría General de la República sobre el pago de expropiaciones presentada por el abogado Ángel Lockward.

El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y la fiscal Rosa Alba García, representaron al Ministerio Público en la audiencia donde la institución persecutora del crimen hizo la petición al órgano administrativo.

Los jueces de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, presidida por Antonio Mejía Sánchez e integrada por Ismael Ramírez y Cecilia Badí, dejaron en estado de fallo el recurso contencioso administrativo sometido por Lockward.

En el proceso el Ministerio Público ha señalado que han sido infructuosas las estrategias de la defensa del abogado por debilitar la investigación en su contra, hecho que se evidencia en su empeño por llevar al Tribunal Superior Administrativo elementos que se deben conocer en la jurisdicción penal.

El Ministerio Público sostiene que el informe recibido desde la Unidad Antifraudes de la Contraloría General de la República cumplió con el proceso requerido y el Ministerio Público ha actuado conforme a su competencia, haciendo uso del documento en la sede penal, que es donde no quiere ir la parte demandante a discutir la validez de ese documento.

El informe rendido por la Unidad Antifraude de Contraloría General de la República en septiembre del 2021, establece que los investigados estafaron al Estado con más de 17 mil millones de pesos a través de expropiación de compra-venta de terrenos.

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