La convocatoria a paralización de labores realizadas por organizaciones populares, religiosas, feministas, profesionales y ambientalistas de la región del Cibao, ofrece varias lecturas a tomar en cuenta, tanto por el gobierno como por los dirigentes de la actividad, para próximos eventos de esa naturaleza.
El balance final de la huelga que apuntaba a mantenerse por 48 horas debió ser levantada en la tarde el primer día, pues los activistas optaron por «emplazar a las autoridades a ofrecer respuestas al pliego de demandas» para lo cual ofrecieron un compás de espera de 30 días.
El trasfondo del levantamiento huelgario antes de tiempo, fue la participación tímida de los negocios grandes y medianos, mientras que el tránsito, los centros educativos y de actividades financieras como es costumbre estuvieron limitados por los temores a disturbios y ataques de desaprensivos.
Pese a que las demandas incluían, rebaja de los combustibles y canasta familiar, alza salarial, construcciones de carreteras, escuelas y hospitales, entre otras exigencias (hasta no construir la hidroeléctrica de Las Placetas en Santiago) para atraer apoyo ciudadano, el paro no alcanzó la proyección buscada, lo cual obliga a revaluar los resultados, afinar estrategia y priorizar las reivindicaciones.
El gobierno tampoco puede declararse vencedor, por el contrario, debe ofrecer un abordaje diferente al de ignorar las exigencias y minimizarlas, porque es materialmente imposible dar respuestas a las extensas demandas en 30 días y lo inteligente es designar rápido una comisión de alto nivel que negocie las prioridades, pues la próxima huelga puede tener mayor respaldo popular y el gobierno (y la campaña reeleccionista ) quedarían a la defensiva.
