Al hacer referencia a los hallazgos del estudio «Índice de Calidad de Empleo (ICE-RD)”, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, expresa que sobre el 50% de los trabajadores dominicanos laboran en un marco de informalidad, lo cual, pensamos nosotros, fomenta mayores niveles de explotación, discriminación e inseguridad económica para quienes sobreviven en ese ambiente.
La informalidad laboral es parte intrínseca del sistema de dominación actual, pues al impulsar la existencia de un ejército de seres humanos depauperados, con bajo o ningún nivel educativo, presionados por sus problemas existenciales (alimentación, techo, salud, mantener hijos) son empujados a insertarse en un mercado competitivo, pero en desventaja.
Los más de dos millones de personas que hoy trabajan como motoconchistas, chiriperos, domésticas, limpiavidrios, parqueadores, vigilantes, vendedores ambulantes, o en labores de agricultura y construcción entre otros trabajos, lo hacen fruto del fracaso del Estado en impulsar políticas efectivas para enfrentar esta injusticia.
El Estado es primariamente responsable de la informalidad laboral, por la inacción en motorizar planes que atraigan a sectores vulnerables (mujeres, jóvenes sin nivel educativo, migrantes de zonas rurales, u hombres de determinadas edades ofreciéndoles un primer empleo, ofertando carreras técnicas, pequeños préstamos, capacitación, o exención impositiva temporal a esos emprendedores.
La informalidad laboral afecta a los pobres, pues, excluye la cotización a la seguridad social, limita los empleos, ascensos y salarios dignos, anula la posibilidad de pensiones y seguros médicos, es un lastre al desarrollo porque reproduce y expande un régimen de miseria y marginación en la mayoría de la población, que beneficia sobre todo, a la élite dominante.
