Juristas advierten que admisión tres causales de aborto es tema cerrado por el Congreso

Se oponen a pretensión de introducirlos de nuevo como modificación del Código Penal.

Los abogados Juárez Víctor Castillo Semán, Lic. Pelegrín Enrique Castillo Arbaje, Carmen Orozco Martínez, depositaron una instancia ante las Cámaras Legislativas en oposición a la que presentara un grupo abogados, periodistas y comunicadores en fecha 13 de julio con una nueva propuesta de modificaciónn de los Artículos 110 y 111 del Código Penal que penalizan la infracción del aborto para incluir en estos las denominadas tres causales de aborto.

1. Sostuvieron que resulta insólito que esas mismas personas y las  organizaciones y poderosos grupos de presión internacionales que han actuado en coordinación permanente con ellas, pretendan utilizar la coyuntura presentada por la  proyectada discusión de modificaciones a algunos artículos que ya ha sido sometida por el Poder Ejecutivo, mayormente relacionada con el derecho de la Libertad de Expresión y de Prensa, para presentar, por enésima vez, sus fracasadas pretensiones, queriendo pasar por alto que este mismo Congreso Nacional, apenas el año pasado, rechazó las mismas, con toda razón, precisamente, entre otras poderosas razones, para respetar las disposiciones del Artículo 37 de la Constitución y que ello fue refrendado por el Poder Ejecutivo, quedando este debate legislativo, definitivamente cerrado.
2. Que la maniobra que esos proponentes ejecutan frente a las Cámaras Legislativas es todavía más insólita e increíble, porque que esas mismas personas, y entidades, conjuntamente con otras, están impulsando, en estos mismos momentos, ante el Tribunal Constitucional una descabellada “acción directa en inconstitucionalidad” de esos mismos artículos,  depositada en fecha 30 de marzo de 2026, frente a la cual los abogados infrascritos están representando a las entidades Arquidiócesis de Santo Domingo, Consejo de Unidad Evangélica (CODUE), la Mesa del Dialogo, Juventud con Una Misión (JUCUM), RD Inclusiva, Inc, ProNación y a las señoras Mercedes Núñez y Anny Esther Burgos, conjuntamente con otros colegas, en su intervención voluntaria ante el Tribunal Constitucional,  por medio de la cual se solicita el rechazo de esa descabellada acción.
3. Que la intervención voluntaria en ese proceso busca demostrar que la referida acción en inconstitucionalidad realmente es una estratagema procesal, que tiene como pretexto recurrir, supuestamente, los artículos 110 y 111 del nuevo Código Penal, pero que lo que se pretende es que sea derogado, relativizado y puesto de lado por el Tribunal Constitucional el Artículo 37 de la Constitución, es decir, que se declare inconstitucional la propia Constitución. Otras personas y organizaciones que defienden el derecho a la vida produjeron sus intervenciones voluntarias adicionales también, en oposición a tan artera y malintencionada acción.
4. Que los ahora proponentes de modificar los Artículos 110 y 111 del nuevo código penal,  saben bien que tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados, son partes perseguidas en la “acción en inconstitucionalidad” que ellos secundan e impulsan, porque la misma tiene como objeto una ley emitida por éstas y saben también que las Cámaras Legislativas se han defendidoy se han opuesto a dicha acción con justos argumentos, así como también se ha opuesto en nombre del Poder Ejecutivo y el Estado, la Procuraduría General de la República. Sin embargo, antes de ayer, se presentan cándidamente a pedirle a esas mismas Cámaras que den una especie de aquiescencia a su acción y se retracten, no sólo de lo que legislaron el año pasado cuando se aprobó el nuevo Código Penal, sino a los propios escritos que acaban de depositar las Cámaras Legislativas y el Poder Ejecutivo oponiéndose a esa sedicente acción que es secundada e impulsada por los mismos proponentes de ahora.

Concluyeron que en virtud de las consideraciones expuestas, los abogados , como ciudadanos y en ejercicio de la ya mencionada representación que ejercen en el proceso seguido ante el Tribunal Constitucional por medio de esta instancia solicitaron formalmente al Senado de la República y la Cámara de Diputados el total y absoluto rechazo de la propuesta presentada el 13 de Julio de 2026 con relación a los Artículo 110 y 111 del Nuevo Código Penal y cualquier otra que haya sido presentada sobre ese tema, ya cerrado por esas Cámaras Legislativas, que, por demás, ya han informado al país que las posibilidades de reforma del Código Penal se circunscribirán los artículos sometidos en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo.