Mientras el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) luchan por obtemperar a reclamos ciudadanos en torno al enorme número de vehículos chatarras que circulan en calles y avenidas, el senador Franklin Rodríguez, propone modificar la ley que limita la importación de vehículos hasta los cinco años de uso.
Dice el legislador por San Cristóbal, que un cambio en la Ley 147-00 para extender hasta los diez años la importación de vehículos, propiciaría la «equidad social» al facilitarle a algunos ciudadanos la adquisición de un medio de transporte individual, a contrapelo del cronograma gubernamental establecido en el 2017 para la sustitución y demolición paulatina de vehículos en mal estado por otros de mayor capacidad y seguridad en un plazo de 10 años.
La propuesta del senador puede encontrar adeptos por el bagaje inmediatista y populista intrínseco en ella, pero de igual manera los sectores consientes de la población se mostrarán reacios a un cambio en la ley, por el impacto medioambiental y los astronómicos gastos en que incurrirán el Estado y los adquirientes de vehículos desdeñados en otros países.
Las motivaciones previas esgrimidas en la prohibición de importar vehículos con más de cinco años de uso se fundamentaban en las opiniones técnicas y estudios profesionales de países desarrollados, indicando que luego de un lustro los desperfectos mecánicos e impacto medioambiental negativo se multiplican en los vehículos, por lo cual es costumbre en esos lugares cambiar los vehículos una vez superan los cinco años.
Si se comenzara a traer vehículos de 10 años al país, los precios de ventas serían comparativamente muy altos, la economía de muchas familias sufriría al disponer parte de sus recursos para pagar constantes y costosas reparaciones de vehículos viejos, el daño al medioambiente y la biodiversidad se incrementaría, así como la presión al mercado de divisas por la demanda excesiva de dólares y euros de vendedores de repuestos para adquirir partes vehiculares en el exterior.
Con esas perspectivas, antes de modificar la ley, debemos preguntarnos: ¿favorece al país importar vehículos viejos?.
