La promulgación de la ley 1-21 que modifica y deroga varios artículos del Código Civil y de la ley 659, prohibiendo el matrimonio entre personas menores a los 18 años, es un paso adelante en la colosal tarea de producir cambios normativos y culturales en la sociedad dominicana, para erradicar esa perniciosa práctica.
Hemos de entender sin embargo, que tomará tiempo para que ese comportamiento tan extendido, especialmente en las zonas rurales del interior del país, vaya cambiando, pues es bien sabido que dada las condiciones existenciales en muchos hogares del campo es común entre algunos progenitores ver el casamiento de sus hijas menores o adolecentes como una forma de garantizarles seguridad económica.
Lamentablemente esa conducta solo ha logrado llevarnos a ser unos de los países con mayores índices latinoamericanos de niñas y adolecentes convertidas en madres solteras, lo cual influye directamente en la pobreza y atraso de las mismas, y así en muchos casos las extremas dificultades que atraviesan esas jóvenes madres, les impide o limita su superación educativa o laboral.
Además de iniciar una campaña de publicidad en torno al contenido de la ley 1-21, el nuevo Gabinete de las Mujeres, Adolecentes y Niñas, necesita implementar directrices dirigidas hacia los padres de las menores de edad, en aras de lograrles asistencia y orientaciones que les ofrezcan una alternativa diferente a la de promover u aceptar las uniones y matrimonios de sus hijas.
Al prohibir el casamiento de las niñas y adolecentes, él país inicia una etapa positiva para las mujeres, pues lejos de dedicarse a convertirse en madres en muchas ocasiones solteras, ahora tendrán más oportunidades para el estudio y la preparación, para construirse un futuro prometedor profesionalmente y luego de alcanzar la madurez necesaria, dedicarse a tener familia e hijos en un marco apropiado.
