La coincidencia en el pedimento de varios partidos políticos opositores y algunas centrales sindicales al gobierno de un incremento general de salario, no sólo en las empresas privadas, rebaja del precio de los alimentos debido a que la inflación cercana a un 11% está disminuyendo el salario real a pasos agigantados, indica que hay una real inquietud social.
En efecto, aunque parte de la tendencia alcista en los productos de consumo puede adjudicársele a componentes externos, la permanencia de una economía semiparalizada va acumulando factores de inestabilidad y malestar en la población, que instancias políticas, sociales y grupos económicos aprovechan.
El gobierno percibe la misma situación y aunque ya anunció medidas paliativas y desescalada del toque de queda, tiene aún las manos atadas porque los ingresos limitados no pueden proveer los recursos necesarios para manejar los efectos de la pandemia y mantener la economía a flote, como admitiera el Ministerio de Hacienda al solicitar al Congreso Nacional un incremento en el déficit presupuestario en 45%.
El déficit previo proyectado era de 143,013 millones, pero ahora ascenderá a 208,172. Millones, debido a que los egresos gubernamentales aumentarán un 9% más de lo previsto, mostrándonos una radiografía complicada en la economía del país.
Con la conjunción de factores que motorizan el alza en los bienes y servicios, recortes en programas sociales, las recaudaciones al mínimo y con el rápido desgaste político que significa la opción de seguir endeudando al Estado, es fácil visualizar que episodios de turbulencias se acercan, lo cual explica la coincidencia de discurso entre organizaciones opositoras para acorralar al gobierno entre la espada y la pared, degustándolo, con la mirada puesta en el 2024.
