Luego de muchos requerimientos de la población, las autoridades han intensificado las revisiones a los usuarios de motocicletas, para verificar si conducen esos vehículos cumpliendo con las normas legales destinadas a evitar los continuos accidentes que ocurre con esos motores, dejando la triste secuela de sobre un 80% de los afectados, con fracturas, heridas graves, mutilaciones y fallecimientos.
La magnitud de las situaciones tal que el Estado dominicano gasta más de 130 mil millones de pesos anuales cubriendo los gastos de salud de accidentados en motocicletas y si construir un Centro de Atención Médica del Primer Nivel (CPN) cuesta aproximadamente 13 millones de pesos entre la obra y el equipamiento, un simple razonamiento matemático nos indica la cantidad de centros médicos que pueden construirse con esa millonada.
Se repite hasta el cansancio que un accidentado de motocicleta ingresado en Cuidados Intensivos puede generar gastos de hasta 700 mil pesos diarios en un hospital, lo cual drena un escaso presupuesto hospitalario y limita los servicios de salud a otros cientos de pacientes.
Pero ya no son solo los gastos extraordinarios que los motociclistas accidentados producen en el erario público, sino la crisis por el alto nivel de agresividad con la que actúan y reaccionan los motociclistas por los constantes roces con otros conductores, a los cuales amenazan, insultan y en ocasiones atacan físicamente.
Por eso respaldamos que las autoridades continúen impulsando respuestas multidisciplinaria de fiscalización constante, multar y retener los motores de quienes transiten sin placas, sin licencias, sin seguros, sin cascos protectores, sin luces apropiadas y desobedeciendo las señales de tránsito, pues, aunque los conductores de motocicletas no lo entiendan en este momento, eventualmente llegarán a la conclusión, de que esas fiscalizaciones pretenden preservar las vidas de esos conductores.
