Con el arribo de nuevos recibos, aumenta la cantidad de usuarios a nivel nacional que acusan a las empresas distribuidoras de electricidad de incrementar las tarifas de cobros a los clientes, utilizando maniobras fraudulentas, pese a la reducción del precio del petróleo, aprovechando la situación especial que vive el país.
Los denunciantes explican que durante los últimos tres meses los empleados de las distribuidoras eléctricas suspendieron la lectura de los contadores en residencias y negocios, sorprendiendo a los clientes con facturas de consumos medalaganarios y erróneos, agregándoles cargos excesivos en detrimento de los abonados
La Superintendencia de Electricidad, que en teoría debería actuar con premura ante los reclamos, recolectando las evidencias y aplicando la ley si los hallazgos demuestran abusos contra los usuarios, se ha mantenido hasta el momento apática, sin realizar una investigación detallada para verificar la credibilidad de las múltiples quejas y proceder a solucionar el problema.
Llama a la atención que en respuesta a las quejas de los clientes, el comunicado emitido por las distribuidoras Edenorte, Edesur y Edeeste apenas toca tangencialmente las denuncias de cobros exorbitantes, mientras celebran que esos negocios estén pagando 31% menos que lo presupuestado en 2019, permitiendo «disminuir el déficit financiero de eas empresas y con ello el déficit fiscal»
Entonces, si las distribuidoras de electricidad confirman reducción de déficit propios y se les agrega un promedio de ahorro mensual de 36 millones de dólares debido a la baja en el precio del barril de petróleo, sería muy injusto en estas circunstancias aumentar subrepticiamente las facturas eléctricas a la población, razón por la cual exigimos a la Superintendencia de Electricidad indagar a fondo los reclamos y tomar las medidas pertinentes contra ese oscuro plan si fuere necesario.
