Montecristi, RD, 17 julio, 2025. – El Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional (CEBAMDER), denunció este jueves que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) pretende erigirse como un auténtico poder neocolonial en la Bahía de Manzanillo. La entidad acusa al BID de actuar con un doble estándar, financiando un consorcio energético que ha destruido 500,000 metros de bosque seco sin ningún estudio de impacto ambiental previo, al mismo tiempo que financia la ampliación del Puerto de Manzanillo y, de manera insólita, «regala» un Plan de Ordenamiento Territorial (PMOT) que viola flagrantemente la soberanía nacional.
La denuncia señala que uno de los artículos de dicho plan establece que el espacio costero y de playa debe ser de 150 metros, en directa contradicción con los 60 metros que establecen las leyes de la República Dominicana.
Frank Valenzuela, presidente del Centro CEBAMDER, denunció enérgicamente: «Tales propósitos, impulsados por un organismo que predica cláusulas medioambientales de alto nivel para el mundo, son vergonzosamente respaldados por personeros locales, como nuevo Guacaranix, que, traicionando el interés público, tratan a nuestras comunidades como si fueran entidades privadas de las que pueden disponer a su antojo».
El centro cívico reveló que el atrevimiento llega a tal punto que el organismo multilateral tuvo la osadía de entregar, a través de un intermediario, una resolución redactada capítulo por capítulo. Dicho documento fue presentado para que los honorables regidores de la Sala Capitular del Ayuntamiento del Municipio de Pepillo Salcedo simplemente levantaran la mano y colocaran el sello municipal, aprobando así este adefesio jurídico y social.
La organización ciudadana destacó que, gracias a una amplia colaboración de juristas destacados, especialistas en ordenamiento territorial de varios países y organizaciones mundiales de medio ambiente, se ha revisado exhaustivamente la propuesta de ordenanza. El equipo de expertos ha entendido, artículo por artículo, que el documento presenta profundas violaciones a la Constitución Dominicana, a la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, a la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.
