domingo, julio 21, 2024
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Secuestro carcelario

Un ejemplo palpable de que la institucionalización en la República Dominicana transcurre a cuentagotas los constituye la denuncia del Colegio de Abogados de que ningún funcionario ha tramitado los documentos que  permitan el cómputo de la pena.

El acápite 7 del artículo 40 de la Ley Sustantiva dispone:»Toda persona debe ser liberada una vez cumplida la pena impuesta o dictada una orden de libertad por la autoridad competente», pero dada las carencias en torno al respeto de las normas, constantemente hay que exigirle al Estado actuar como garante de los preceptos constitucionales.

A causa de la denuncia del Colegio de Abogados, seguro que las autoridades responsables de tal desafuero se moverán para ofrecer una respuesta a esas anomalías, pero con plena seguridad  pasado algún tiempo de nuevo alguien reclamará al Estado evitar el secuestro carcelario de otros privados de libertad en el mismo limbo legal.

En un país en donde las entidades gubernamentales actúan de acuerdo a las voluntades o determinaciones personales de los incumbentes del momento, sin obedecer las normativas establecidas para regular la vida en sociedad, nunca jamás podrá hablarse de la existencia de institucionalidad.

En naciones regidas por las leyes, una vez el juez emite la sentencia condenatoria, corresponde a los departamentos carcelarios iniciar de inmediato el cómputo de las penas para informar a los privados de libertad la fecha en los cuales abandonará los recintos penitenciarios, pero aquí la única norma invariable es el desorden, y en este caso el secuestro carcelario de personas que ya pagaron sus deudas a la sociedad.

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