Mucha espuma y poco chocolate han resultado las publicitadas «intervenciones» y «descensos» al área contentiva de la reserva científica Monumento Natural Félix Servio Ducuodray, Las Dunas de la Caldera en la provincia Peravia; a los fines de impedir las invasiones de terrenos, la deforestación rampante y la destrucción ocasionada por particulares en esa zona banileja, protegida por ley.
Los enviados del Ministerio de Medioambiente y del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) llegan una y otra vez con el aparataje mediático, supuestamente para evitar la repartición de parcelas, las construcciones ilegales y el corte indiscriminado de árboles endémicos, actividad que es detenida por muy poco tiempo para reiniciarse tan pronto los militares se marchan.
Las preocupaciones de los ambientalistas nacionales por esta enorme catástrofe ecológica, son justificadas por las amplias evidencias obtenidas tanto en el lugar de los hechos como en la utilización de fotos satelitales y coordenadas oficiales del Sistema de Áreas Protegidas, que al sobreponerse cada cierto tiempo, atestiguan el incesante arrasamiento al cual se encuentran sometidas las dunas.
Lo peor del caso es que las autoridades nacionales y los líderes de políticos del país, inmersos ahora en actividades propias a sus intereses electorales no importantizan este problema, no sólo de magnitud regional sino nacional, pues el Sistema de Áreas Protegidas no funciona como un ente aislado e independiente, vista la interrelación existente entre las diferentes zonas establecidas, bajo el paragua de las leyes.
Es de máxima prioridad que Estado acuda al llamado de emergencia realizado por los defensores medioambientales para detener de una vez y por todas las ventas de parcelas, particiones de terrenos, la depredación masiva y la ocupación ilegal tanto en la zona de amortiguamiento como al interior de Las Dunas de Baní.