El escándalo de corrupción y fraude denunciado en la terminal portuaria de Puerto Plata destapó una caja de pandora en la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) por lo que el director de esa entidad autónoma debió ordenar auditorías en todos los puertos del país.
Lo ideal hubiera sido que al ser esa institución un organismo descentralizado según la Ley 70-70 y por tanto un terreno muy fértil para las anomalías e irregularidades, el máximo incumbente de APORDOM, Jean Luis Rodríguez, hubiera tomado la determinación de auditar las operaciones y formatos administrativos desde el mismo momento de asumir sus funciones.
Pero los meses pasaron y con el nuevo gobierno impulsando líneas de trasparencia y conducta ética en el manejo de la cosa pública, está produciendo al parecer un efecto multiplicador para evidenciar comportamientos indecorosos con una mayor frecuencia y más importante aún, se está procediendo a tomar los correctivos de lugar en cada caso.
Es aconsejable a las personas designadas en cualquier oficina gubernamental requerir de la Contraloría General de la República, o de la Cámara de Cuentas auditarlas desde el principio, pues así se previene que irregularidades de gestiones anteriores puedan afectar a las que recién inician.
Los puertos dominicanos cada vez adquieren mayor trascendencia por el incremento de las actividades comerciales desde y hacia el país, por tanto es fundamental implementar medidas de seguridad que impidan acciones ilícitas en esos lugares y garantizar el manejo adecuado de los recursos de esas dependencias, así pues, procedamos con auditorías completas y detalladas no sólo de los puertos, sino de cualquier institución del Estado que requiera ser auditada.
