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La soberanía fue concebida para resguardar a los ciudadanos de la opresión, no para convertir la opresión en una condición permanente.
Nos preguntamos, como seguramente lo hacen muchos ciudadanos desde sus propias perspectivas: ¿es necesaria la participación de El Salvador en la tragedia que desde hace años consume a nuestro vecino Haití? A juzgar por la dimensión de la crisis y por el deterioro de sus instituciones, nuestra respuesta es afirmativa. Más aún, creemos que cualquier iniciativa internacional, siempre que esté debidamente fundamentada y orientada a restablecer la seguridad, recuperar el control territorial y devolverle la tranquilidad a la población, merece ser considerada sin prejuicios políticos ni reservas ideológicas anticipadas.
Hablamos de un país donde miles de personas han perdido la vida, millones viven bajo condiciones de extrema vulnerabilidad y una parte considerable de su territorio se encuentra sometida al dominio de organizaciones criminales. Una realidad que no puede seguir interpretándose como un simple problema de gobernabilidad, ni mucho menos como un asunto interno que deba observarse desde la distancia mientras sus ciudadanos continúan pagando las consecuencias.
Es comprensible que surjan cuestionamientos desde determinados organismos internacionales, organizaciones defensoras de los derechos humanos y sectores políticos que colocan el principio de soberanía nacional en el centro de sus argumentos. Son preocupaciones que no deben desestimarse. Sin embargo, también resulta legítimo preguntarse dónde quedan los derechos humanos de quienes viven sometidos a la extorsión, el secuestro, las violaciones, los asesinatos y el desplazamiento forzado. ¿Acaso esos derechos pierden importancia cuando quienes los vulneran son organizaciones criminales que han terminado imponiendo su autoridad sobre comunidades enteras?
No deja de llamar nuestra atención que, mientras algunos parecen encontrar razones suficientes para cuestionar cualquier intervención extranjera, buena parte de la población haitiana haya recibido con esperanza la llegada de los militares salvadoreños. Esa reacción popular nos lleva a recordar una experiencia que, personalmente, nunca hemos olvidado.
Antes de la pandemia, tuvimos la oportunidad de asistir a una presentación en el recinto principal de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), cuyo expositor fue el diplomático guatemalteco Edmond Mulet, quien había desempeñado importantes responsabilidades en las Naciones Unidas y conocía de primera mano la realidad haitiana.
Durante su intervención relató experiencias de su gestión en ese territorio y expuso las dificultades que enfrentaba la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) para ejecutar determinadas operaciones contra elementos vinculados a actividades ilícitas. Lo que más nos impresionó fue su explicación sobre las limitaciones que imponían las propias autoridades haitianas a las acciones de la misión, particularmente cuando se trataba de utilizar la fuerza contra determinados grupos.
Aquella exposición nos dejó una interrogante que hoy cobra una dimensión extraordinaria: ¿Cómo puede una misión internacional de estabilización cumplir su cometido cuando quienes tienen la responsabilidad de gobernar terminan limitando las acciones necesarias para enfrentar a quienes destruyen el orden institucional?
Con el paso del tiempo, la respuesta parece haberse hecho más evidente. Las organizaciones armadas que inicialmente pudieron encontrar protección, tolerancia o complicidad en determinados sectores del poder político y económico fueron adquiriendo capacidad territorial, recursos y autonomía. Lo que pudo comenzar como una relación de conveniencia terminó convirtiéndose en una estructura criminal capaz de desafiar al propio Estado.
No estamos hablando simplemente de pandillas callejeras. Estamos ante organizaciones que controlan territorios, establecen mecanismos de extorsión, interrumpen el comercio, secuestran, asesinan y condicionan la vida cotidiana de millones de personas. En determinados espacios, su capacidad de imponer autoridad ha desplazado prácticamente a las instituciones públicas.
Por eso resulta tan significativo lo que está ocurriendo con la participación salvadoreña. La llegada de sus fuerzas militares ha despertado expectativas en una población que lleva demasiado tiempo esperando que alguien le devuelva la posibilidad de vivir sin miedo. No se trata solamente de la preparación militar que puedan exhibir, sino del simbolismo que representa su presencia para una sociedad que parece haber agotado su paciencia frente a la indiferencia, la incapacidad y las complicidades de quienes debieron protegerla.
Por MAR



