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Editorial: Impedimentos de salida y abuso de autoridad

En términos formales, desde los inicios de la República, el libre tránsito de las personas ha estado consagrado en las normas fundamentales del país y, particularmente, en la Constitución. Este principio debería orientar la actuación de todo funcionario público, quien está llamado a ejercer la autoridad dentro de los límites de la ley y no a abusar del poder que le ha sido conferido, colocándose por encima de los preceptos a los que debe obediencia.

Como herencia nefasta de la Era de Trujillo y de la continuidad de prácticas autoritarias durante el régimen de Joaquín Balaguer, en el país se arraigó una cultura de arbitrariedad, en la que funcionarios de segunda y tercera categoría podían hacerle la vida imposible a cualquier ciudadano mediante expedientes cuestionables o utilizando los mecanismos y organismos del Estado, sin que los afectados tuvieran posibilidades reales de defenderse.

Una muestra de esas prácticas fueron las conocidas alertas migratorias y los impedimentos de salida, utilizados incluso cuando algún funcionario civil o militar mantenía diferencias políticas o personales con otra persona, o pretendía presionarla para obtener algún tipo de beneficio económico, político o personal.

Como consecuencia de esos excesos, decenas de miles de dominicanos vieron vulnerado su derecho constitucional al libre tránsito y su posibilidad de viajar al extranjero, debido a restricciones impuestas sin una orden judicial que las sustentara. Esta situación afectó innumerables proyectos de vida, separó familias, provocó pérdidas materiales y dejó profundas secuelas emocionales entre quienes quedaron atrapados por esas medidas arbitrarias.

Aunque tardíamente y tras años de reclamos ciudadanos, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección General de Migración (DGM) emprendieron un proceso de revisión y depuración de restricciones acumuladas durante más de tres décadas. Hasta el momento, más de 56 mil ciudadanos se han beneficiado del levantamiento de impedimentos que carecían de fundamento judicial, una medida que representa un paso importante para corregir una práctica lesiva de los derechos fundamentales. EnlaceDigital.com.do espera que este proceso cierre definitivamente ese capítulo de la vida nacional y que semejantes abusos nunca vuelvan a repetirse.

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