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La política, esa actividad practicada por muchos, pero ejercida realmente por pocos, debería ser uno de los instrumentos fundamentales para organizar las sociedades, resolver conflictos y procurar el bien común. En teoría, quienes reciben el mandato de gobernar lo hacen para administrar el poder en beneficio de la colectividad.
Pero la historia demuestra que entre la política como instrumento de convivencia y la política como mecanismo de poder existe, muchas veces, una enorme distancia.
Quienes vivimos en sociedades abiertas tenemos el privilegio, y también la responsabilidad, de observar cómo los principios que deberían orientar la acción política son con frecuencia sustituidos por intereses geopolíticos, conveniencias económicas, alianzas circunstanciales y, en no pocas ocasiones, por una preocupante doble moral.
Las recientes sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas volvieron a poner esta realidad sobre la mesa. El escenario fue, una vez más, el conflicto de Oriente Medio, una región donde la historia, la religión, la geopolítica y las heridas acumuladas durante generaciones han convertido cada enfrentamiento en una amenaza para la estabilidad internacional.
Hablar de Israel exige cierta cautela histórica. El Estado de Israel fue proclamado el 14 de mayo de 1948, después de la aprobación, en noviembre de 1947, de la resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que recomendaba la partición del entonces Mandato Británico de Palestina en un Estado judío y otro árabe. La propuesta fue aceptada por el liderazgo sionista y rechazada por buena parte del liderazgo árabe palestino y por los Estados árabes vecinos. Al día siguiente de la proclamación de Israel comenzó la guerra entre el nuevo Estado y varios países árabes.
Pero la historia del pueblo judío no comenzó en 1948. Existe una presencia judía en esa región que se remonta a la Antigüedad, y Jerusalén ocupa un lugar central en la memoria histórica, religiosa y cultural del judaísmo. La destrucción del Segundo Templo por Roma en el año 70 d. C. fue uno de los grandes acontecimientos que marcaron la dispersión de las comunidades judías, aunque la diáspora había comenzado siglos antes y nunca significó la desaparición absoluta de la presencia judía en la región.
Durante siglos, las comunidades judías vivieron dispersas por Europa, el norte de África y Oriente Medio. El antisemitismo, las persecuciones y, finalmente, el Holocausto europeo dieron una dimensión dramática al problema de la seguridad y la supervivencia del pueblo judío. El establecimiento del Estado de Israel en 1948 fue, para millones de judíos, la materialización de una aspiración nacional; para los palestinos, sin embargo, aquel mismo proceso significó el desplazamiento y la pérdida de sus hogares y territorios en un episodio que ellos denominan la Nakba, o catástrofe.
Aquí comienza precisamente una de las claves para comprender el conflicto actual, en donde dos pueblos reivindican una relación histórica, cultural y nacional con una misma tierra y poseen memorias colectivas profundamente enfrentadas.
Volviendo a la ONU y su encuentro anual, debemos traer a colación que el 7 de octubre de 2023, durante la festividad judía de Simjat Torá, Hamás y otros grupos armados de origen palestino, lanzaron desde Gaza un ataque de gran escala contra Israel. Murieron alrededor de 1,200 personas, en su mayoría civiles, y fueron tomadas como rehenes unas 250 personas.
El ataque incluyó asesinatos deliberados de civiles, secuestros y otras acciones que fueron ampliamente condenadas internacionalmente. Hamás es considerado organización terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y otros gobiernos y, de hecho, actúan como tal, aunque la denominación y su tratamiento jurídico varían según la jurisdicción.
La respuesta israelí fue una ofensiva militar de enorme magnitud sobre la Franja de Gaza, con el objetivo declarado de destruir las capacidades militares y gubernamentales de Hamás y recuperar a los rehenes.
Tratando de ser objetivos, no se puede poner a un lado que la población civil palestina ha pagado un precio devastador, muchas veces utilizada como escudos precisamente por Hamas, de allí su naturaleza terrorista. Decenas de miles de palestinos han muerto durante la guerra, además de los heridos, desplazados y afectados por la destrucción de viviendas, hospitales, escuelas, infraestructura y servicios básicos, es decir, los llamados daños colaterales provocados por la guerra. Las cifras de víctimas proceden principalmente de las autoridades sanitarias de Gaza y han sido utilizadas por organismos internacionales, en su mayoría no simpatizantes con los judíos, aunque su verificación individual resulta extremadamente difícil en medio de un conflicto belico de tal naturaleza.
Esto no convierte automáticamente esas cifras en una acusación jurídica de genocidio, para ser precisos.
Genocidio no es sinónimo de guerra ni de matanza. La palabra genocidio tiene una definición jurídica específica. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio exige la existencia de determinados actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal.
Por ello, determinar si Israel ha cometido genocidio no corresponde a una manifestación política, a una columna periodística ni a una consigna de una manifestación enemiga de USA o Israel. Es una cuestión jurídica que ha sido planteada ante tribunales internacionales y que requiere analizar pruebas, conductas y, especialmente, la existencia o no de la intención específica exigida por el derecho internacional.
Esto tampoco significa ignorar otras posibles violaciones. Los ataques deliberados contra civiles, la toma de rehenes, el uso indiscriminado de la fuerza, el desplazamiento forzoso, el castigo colectivo o la obstrucción injustificada de ayuda humanitaria son cuestiones que deben examinarse conforme al derecho internacional humanitario, independientemente de quién las cometa.
En la práctica, el presidente de Israel ha dicho sobre el tema bélico que, primero que todo avisan con suficiente anticipación, por distintos medios, los lugares a ser bombardeados, lo que descoloca a quienes señalan violaciones como las mencionadas más arriba, ya que se constituyen en hechos comprobables; por otro lado señala que su gobierno no solo ha permitido el paso de ayuda humanitaria internacional, proporcionando toneladas de alimentos, sino que también han contribuido con la salud de la población palestina en la franja de Gaza, a través de programas de vacunación masiva para los niños, supervisados por la OMS, por ejemplo; resulta oportuno mencionar además, que los servicios de agua potable, nunca han sido eliminados, aun y cuando estos provengan precisamente atravesando suelo de Israel.
Esto significa que, al margen de la politización que se le quiera dar a la situación de desgracia en la viven ambos pueblos, algunas acusaciones podrían ser exageradas, o fuera de lugar, tomando en cuenta el escenario de guerra existente allí, y la propaganda masiva que se ha generado en favor o en contra de cada uno de los bandos.
Por MAR
