Unos días después del 28 de agosto, en que Enlacedigital.com.do publicó el editorial «Deforestación en RD, el espejo de Haití» llamado a las autoridades para actuar frente a la profunda crisis medioambiental que amenaza los cimientos de la supervivencia del país, el gobierno respondió publicando el decreto 615-26, declarando como prioridad el combate al «terrorismo medioambiental».
Desde nuestra perspectiva, ese decreto, que en su primer artículo «prioriza la prevención, detección e investigación del terrorismo medioambiental», mientras en los siguientes otorga atención a las áreas protegidas, ordena coordinación interinstitucional incluyendo al Comité Nacional Antiterrorista, Ministerio Público y, además establece plataformas para denuncias confidenciales, es un decreto apresurado que adolece de un factor primordial.
La masiva destrucción de los recursos naturales no se resuelve con la publicación de normativas jurídicas drásticas, ni con amenazas, ni con la buena intención de regularizar los asentamientos en las zonas de amortiguamientos de áreas protegidas, pues el problema es tan grave, que ese decreto debió dedicar el primer artículo a la declaratoria de una emergencia medioambiental e inmediata campaña de reforestación nacional.
Sin decretar el inicio de una «Campaña de Protección Medioambiental y Reforestación Nacional» llamando a la contratación y capacitación de más efectivos del Servicio Especializado de Protección Ambiental (SENPA), emitir una directiva a las unidades militares y cadetes no indispensables para trasladarlos hacia las cuencas hidrográficas en donde los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente proporcionarían las semillas y plantas para sembrar rápidamente en las montañas donde nacen los ríos, el decreto no está completo.
Si junto a esas acciones el gobierno hubiera dispuesto en el decreto 615-26 campañas publicitarias para motivar a conservar el agua, y proteger los bosques, ofreciendo trasladar en caravanas a estudiantes de escuelas, universidades y ciudadanos voluntarios los fines de semana hacia puntos de reforestación, entonces ese decreto obtendría mejores resultados.
Porque: ¿de qué sirve apresar y condenar a 100″ terroristas ambientales “durante 20 años mientras los ríos siguen languideciendo, las presas se secan y 11 millones de dominicanos no tienen agua para sus siembras, para sus aves, ganados ni hogares?
