La organización vinculada a 1.7 toneladas de cocaína realizó movimientos financieros superiores a RD$258.8 millones y US$1.6 millones; además, acumuló inmuebles, vehículos, embarcaciones, armas y joyas.
Santo Domingo, RD, 01 septiembre, 2026.- El Ministerio Público presentó formal acusación y solicitud de apertura a juicio contra nueve integrantes de una organización criminal transnacional que se dedicaba al tráfico internacional de cocaína, al lavado de activos, la tenencia ilegal de armas de fuego y otros tipos penales, la cual fue desmantelada con la Operación Leopardo.
La acusación fue presentada ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia contra Moisés Severino Inirio (el Flaco), Pedro Luis Cordero Espinal, José Ignacio de Jesús Mota (el Gordo), Daniela Sthefany Amancio Olaverría, Rafael Torrez Díaz, Wilson Rafael Severino Inirio, Antun Mrdeza (Nikolas Boros), Mioara-Sanda Burcina y Néstor Julio Rodríguez Robles.
El grupo tiene comprometida su responsabilidad penal según la investigación realizada por los fiscales José Manuel Calzado, Pedro Medina Quezada y Lauterio Eduardo Javier Sánchez, bajo la coordinación de la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la procuradora fiscal titular interina de La Altagracia, Claudia Lorena Garrido.
La estructura criminal operaba en distintas regiones del país y utilizaba villas, establecimientos comerciales, propiedades rurales y complejos turísticos de la zona este como centros de recepción, almacenamiento y despacho de sustancias narcóticas.
En sus operaciones recibía cargamentos de cocaína procedentes de Colombia a través de las costas de Bayahíbe, San Pedro de Macorís, Pedernales, Barahona y el Parque Nacional Cotubanamá. Posteriormente, los transportaba por tierra, almacenados en inmuebles vinculados a sus integrantes y trasladadas en embarcaciones privadas hacia Puerto Rico, desde donde eran distribuidas hacia Estados Unidos, Canadá, Europa y otros destinos.
El órgano acusador solicitó que la acusación sea admitida, que se dicte auto de apertura a juicio, que se mantengan las medidas de coerción y cautelares vigentes. Asimismo, que, al concluir el proceso, se ordene el decomiso de los activos vinculados a los hechos imputados.
