La agroindustria no necesita más incentivos dispersos. Necesita coherencia, visión empresarial y, más que eso, necesita una política que entienda que el desarrollo no ocurre en segmentos aislados, sino en conexiones inteligentes que interactúen entre sí.
La República Dominicana ha crecido como nunca en los últimos 30 años, después de la famosa frase utilizada por el presidente de entonces, al entregar los destinos de la nación, a través de la transición del 1996 y exclamar, citamos: «He dejado el país listo como un avión de nuevo modelo para el despegue hacia el verdadero desarrollo». Y lo ha hecho bien. Durante décadas, la economía ha mostrado dinamismo, estabilidad y capacidad de superar promedios regionales. Sin embargo, detrás de ese crecimiento hay una verdad incómoda y que no podemos ocultar, ya que no todos los sectores avanzan al mismo ritmo, ni todos participan de sus beneficios. En ese mapa desigual, la agroindustria aparece como una promesa que aún no termina de cumplirse.
Con la puesta en función del Viceministerio de Fomento a la Agroindustria, hoy el país se encuentra ante una decisión estratégica que se anida en algunos protagonistas del sector industrial, y que consiste en apostar o no por un régimen de zonas francas agroindustriales. Pero la verdadera discusión no es si debemos hacerlo, sino cómo hacerlo evitando errores que den al traste con ese tipo de proyecto.
El modelo de zonas francas ha sido, sin duda, uno de los pilares del éxito exportador dominicano superando los US$8,604 millones, tan solo el pasado año. Ha atraído inversión, generado empleo y posicionado al país en cadenas globales de valor. Sin embargo, también ha dejado una lección clara, que consiste en el cuestionamiento del porque su impacto en el tejido productivo local ha sido limitado. En muchos casos, ha operado como un enclave eficiente, pero desconectado del resto de la economía del país. Mas que todo, se ha posicionado como un gran generador de empleos directos, tema este que no tiene discusión alguna.
Es ahí donde radica su principal riesgo, porque pretender trasladar ese mismo modelo a la agroindustria, sin adaptarlo, sería ignorar la naturaleza misma del sector. A diferencia de la manufactura general y/o tradicional, la agroindustria no puede desligarse del territorio. Depende del campo, de miles de pequeños productores, de condiciones climáticas, de estándares sanitarios exigentes y de una logística que aún presenta debilidades puntuales.
Tomando en consideración el hecho de que no se trata de la instalación de una industria, sino de un sistema, la agroindustria ha mejorado su productividad de forma significativa en los últimos años, incluso acercándose al promedio nacional. Sin embargo, su peso en la economía no crece al mismo ritmo. Esto no se debe a falta de capacidad, sino a limitaciones estructurales tales como, la fragmentación productiva, la baja escala, las dificultades de acceso a financiamiento tradicional y mercados, y una débil articulación entre producción primaria e industria.
En otras palabras, el potencial está ahí, pero no encuentra las condiciones para expandirse, porque las condiciones de expansión no tienen, hasta el momento, las condiciones para poder crecer como se desearía. Y es precisamente por eso, que surge el debate sobre una ley de zonas francas agroindustriales que debe ir más allá de los incentivos fiscales. De hecho, centrarse únicamente en exenciones impositivas sería un error estratégico. Ningún país ha logrado desarrollar su agroindustria solo con beneficios tributarios.
La experiencia internacional confirma que, la integración es la llave del éxito, y los países que han logrado posicionar su agroindustria en mercados globales no lo han hecho creando enclaves, sino construyendo ecosistemas. Han conectado al productor con la industria, a la industria con la logística, y a la logística con el mercado internacional. Han invertido en calidad, trazabilidad, tecnología y organización productiva.
Un régimen de zonas francas agroindustriales puede ser una herramienta poderosa, pero solo si se diseña con una lógica distinta. Debe ser un modelo que marque las pautas para la integración con el productor local. Que incentive los encadenamientos productivos, además de priorizar territorios con vocación agrícola. Pero, sobre todo, debe combinar la inversión privada con políticas públicas activas en financiamiento fresco e interactivo, asistencia técnica, e infraestructura.
De lo contrario, corremos el riesgo de crear una nueva burbuja de eficiencia aislada, sin impacto real en el campo dominicano, porque la agroindustria no necesita más incentivos dispersos. Necesita coherencia, visión empresarial y, más que eso, necesita una política que entienda que el desarrollo no ocurre en segmentos aislados, sino en conexiones inteligentes que interactúen entre sí.
Si se hace bien, esta puede ser una de las transformaciones económicas más importantes de las próximas décadas. Puede generar empleo de calidad en zonas rurales, aumentar las exportaciones, reducir la pobreza territorial y fortalecer la seguridad alimentaria.
Porque no se trata de crear otro tipo de zona franca, y nada más. Esta podría estar sujetas a edificaciones convertidas en “elefantes blancos”. Se trata de construir un nuevo modelo de desarrollo.
Por MAR
