Cuando Estados Unidos puso en marcha la operación «Determinación Absoluta» en Venezuela, como es usual, los servicios de inteligencia norteamericanos comenzaron a ejecutar el manual de guerra sicológica y demonización mediática de los personajes centrales de la actividad, con el objetivo de crear grietas en la sociedad, crear confusión y hacer más fácil la acción militar.
En Venezuela, el propósito de lograr que multitudes de ciudadanos iniciaran protestas no pudo lograrse, entonces se procedió a tratar de efectuar un golpe «quirúrgico», contra Nicolás Maduro, sin desplegar decenas de miles de soldados estadounidenses, con posibilidades de grandes cantidades de muertes que llevaría directamente al presidente Donald Trump a acusaciones criminales, por lanzar la operación sin aprobación del Congreso.
Así, se intensifica propaganda militar repitiendo una y otra vez la narrativa de que Nicolás Maduro era jefe del denominado «Cártel de los Soles”, entidad «narcoterrorista» responsables de inundar a Estados Unidos con drogas en «narcolanchas» pese a que en los archivos de las organizaciones antidrogas globales, incluyendo las de Naciones Unidas, el «Cártel de los Soles» es una utopía.
Tan pronto Estados Unidos declaró al «Cártel de los Soles» como grupo narcoterrorista, el presidente Luis Abinader se sumó apenas a Ecuador, Argentina y Paraguay de los países en el mundo, para emitir un decreto declarando «organización terrorista» al denominado grupo, agregando en el Decreto 500-25 que ese «grupo armado» se dedicaba al secuestro, la extorsión, financiamiento ilícito, tráfico de drogas, lavados de activos y cuanto usted se pueda imaginar.
Sin embargo, una vez Estados Unidos logra mediante un operativo militar muy exitoso, secuestrar a Nicolás Maduro y presentarle ante un juez de New York, la Fiscal Federal retira la acusación de «jefe de Cártel de los Soles”, pues no podía presentar evidencias de un grupo inventado, pero en República Dominicana nadie se atreve a cuestionar o advertir a Luis Abinader, ni el canciller Roberto Álvarez ni Antoliano Peralta por emitir un decreto sin ningún fundamento legal, ni pruebas irrefutables, afectando la credibilidad del país.
Simplemente por un acto de sumisión y vasallaje humillante, que avergüenza a quienes defendemos el ideal Duartiano de una patria libre e independiente.
