La polémica desatada por los dimes y diretes debido al indetenible aumento de la deuda pública debe verse como un punto de análisis y preocupación ciudadana en torno a una situación que más temprano que tarde se transformará en una crisis que estremecerá los cimientos y fundamentos socioeconómicos sobre los cuales se erige el sistema dominante.
Basados en las informaciones de la Dirección General de Crédito Público, al 31 de agosto de este año, el saldo de la deuda externa y externa del sector público no financiero, asciende a $60,182.9 millones de dólares, mientras que, el Fondo Monetario (FMI), afirma que a finales de 2025 seremos el cuarto país más endeudado de América Latina, y el Monitor Fiscal estima que la deuda rondará cerca al 60% del Producto Bruto Interno (PBI).
El presidente Abinader justifica los préstamos estableciendo que el 80% del dinero obtenido es para pagar intereses y refinanciamiento de deudas heredadas de los gobiernos anteriores, llegando a señalar que en realidad su gobierno redujo la deuda de 49.7% hasta el 46.9% mencionado previamente, pero el círculo vicioso prosigue su curso.
Si como dicen algunos economistas, la deuda ahora es del 58.9% lo único que hacen es colocar sobre el tapete la urgencia de revertir esta tendencia, cuyas proyecciones a mediano plazo son terribles, en un contexto de baja recaudaciones, alta evasiones impositivas, aumento del gasto público y cubrir con préstamos los déficits presupuestarios, en tiempos de volatilidad económica mundial.
Es preciso una estrategia unificada en torno a este endeudamiento, que, al dividirse entre cada habitante de esta media isla, le asigna más de 7 mil dólares en la deuda hasta el día de hoy. Obviemos los intereses particulares y mezquinos, establezcamos un consenso nacional en el tema, para evitar un colapso que arrase con los limitados logros obtenidos por los dominicanos durante décadas de sacrificio.
