Santo Domingo, RD, 24 de agosto, 2023. – La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional emitió un permiso de dos días de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde al exprocurador Rodríguez Sánchez, para asistir a su oficina de abogados privada, principal acusado de la Operación Medusa, acogiendo en forma parcial, el recurso interpuesto por su defensa.
En tanto que, que la procuradora de corte Mirna Ortiz sostuvo este jueves que “existe privilegio a favor de imputados de los grandes procesos», luego de que un tribunal le otorgara un permiso al ex procurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez para asistir a su oficina de abogados privada.
“En la tarde de hoy, como hemos visto, el tribunal acogió parcialmente el pedimento de la defensa de Jean Alain Rodríguez, atribuyendo rango constitucional a lo que efectivamente es el derecho al trabajo; sin embargo, para el Ministerio Público surge la pregunta: ¿entonces, si todos los ciudadanos son iguales ante la ley, esto querría decir que todos los ciudadanos que también están sometidos a un proceso judicial, deberían tener los mismos derechos?, expresó mientras respondía preguntas de la prensa judicial.
La representante del Ministerio Público añadió “aunque somos respetuosos de las decisiones de los tribunales, este derecho no se tutela de igual forma para otros imputados, así es que seguimos viendo los privilegios a los que son sometidos estos imputados cuando se trata de estos grandes procesos, y nos pareciera que el derecho entonces no se aplica igual a todos los ciudadanos. Somos respetuosos de las decisiones de los tribunales y ya analizaremos los próximos pasos”, enfatizó Ortiz.
El magistrado Luis Jiménez, presidente de la sala, resaltó que dicha autorización debe ser los días miércoles y jueves y que solo se le permitirá ir a su oficina privada de abogados.
Además de Jiménez, el tribunal estuvo compuesto por Rosalba Garib y Delio Germán.
Junto a Ortiz, también representaron al Ministerio Público el procurador adjunto titular Pepca, Wilson Camacho, y el fiscal litigante Emmanuel Ramírez.
En el expediente de la Operación Medusa el Ministerio Público acusa a 41 personas físicas y 22 empresas de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
